Juan Manuel Orrego
En política algunos anuncios producen entusiasmo, otros producen alivio, y hay algunos que, aun cuando traen buenas noticias económicas, obligan a hacerse preguntas incómodas, cuestionamientos que incomodan. El reciente anuncio del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña por un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para obras de infraestructura pertenece, por su magnitud, a esta última categoría.
Nadie sensato puede negar que 250 millones de dólares pueden significar obras importantes para una provincia que necesita infraestructura, caminos, agua, saneamiento y servicios. Pero precisamente porque se trata de una cifra extraordinaria, el acuerdo merece algo más que una celebración oficial. Merece transparencia y, sobre todo, merece una pregunta que debería hacerse toda la sociedad sanjuanina:¿Por qué el aporte económico de la empresa aparece vinculado al cierre de controversias u observaciones planteadas en el proceso ambiental? Lo dice el propio convenio, no lo inventa este periodista.
Y hay algo que aprendí después de más de tres décadas de hacer periodismo: cuando una noticia parece demasiado buena para discutirla, es precisamente cuando más preguntas hay que hacer.
Una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no es un trámite administrativo cualquiera. Es uno de los instrumentos mediante los cuales el Estado determina si una actividad puede desarrollarse, bajo qué condiciones y con qué controles. Las observaciones formuladas durante ese proceso tampoco son obstáculos caprichosos que puedan desaparecer porque apareció una cifra importante sobre la mesa, son parte del procedimiento, son parte del control, son parte de la licencia social. El problema no es que la empresa aporte. El problema es ¿Qué se negocia a cambio?.
Durante décadas, la provincia construyó una relación compleja con la actividad minera. Hubo conflictos, discusiones, campañas de información, controles ambientales, audiencias, resistencia social y también una enorme inversión política y empresarial para conseguir que la minería pudiera ser aceptada como una actividad productiva estratégica.
Esa licencia social no se compra. No se alquila. No se consigue mediante una transferencia de dinero. Se construye y se sostiene demostrando que las reglas son las mismas para todos.
Por eso resulta preocupante que una empresa minera pueda aparecer negociando con el Estado un aporte extraordinario y, al mismo tiempo, que entre las condiciones del entendimiento aparezca el cierre de controversias u observaciones vinculadas con su evaluación ambiental o económica.
Porque aunque jurídicamente se pueda argumentar que son cuestiones diferentes, políticamente y socialmente la señal es otra. Y la señal es peligrosa puede instalar la idea de que una controversia ambiental tiene un precio, y eso sería un enorme retroceso para la actividad minera en la provincia. La empresa tiene derecho a defender su proyecto. No tiene derecho a transformar su poder económico en poder institucional
Vicuña es un proyecto de una escala extraordinaria. Sus inversiones proyectadas se cuentan en miles de millones de dólares y la empresa ya está protagonizando discusiones regulatorias de enorme importancia para San Juan, entre ellas el acceso a infraestructura energética.
En julio, incluso, el Boletín Oficial nacional publicó una resolución relacionada con la solicitud de acceso de Vicuña a infraestructura eléctrica, donde quedaron expuestas diferencias entre la empresa y organismos provinciales como el EPRE. El propio organismo sanjuanino había planteado condicionamientos y cuestionamientos sobre el uso y la planificación de infraestructura estratégica.
Es decir: Vicuña no es una empresa pequeña que llega a una provincia a pedir una habilitación.
Es un actor económico de dimensiones gigantescas. Y justamente por eso debe exigírsele una responsabilidad institucional todavía mayor. Una multinacional puede tener abogados, ingenieros, economistas, especialistas ambientales y capacidad financiera para negociar durante años. El Estado tiene otra responsabilidad, debe representar a todos; al inversor, al trabajador, al empresario local, al productor, al ciudadano que vive en Iglesia, al que consume agua en San Juan, al que todavía no nació y tendrá que vivir con las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy.
La pelota está en Diputados: controlar no es jugar en contra de San Juan
El debate en la Cámara de Diputados sobre el convenio entre el Gobierno de San Juan y el proyecto Vicuña, que ya ingresó a la Cámara el viernes pasado, no debería reducirse a una falsa disyuntiva: aprobar sin preguntar o quedar automáticamente ubicado “en contra de San Juan”.
Los diputados que reclaman precisiones no necesariamente rechazan el aporte anunciado de 250 millones de dólares para obras de infraestructura. Lo que están planteando es algo mucho más básico y saludable para cualquier democracia: conocer la letra fina del acuerdo, el funcionamiento del fideicomiso, los mecanismos de control, los plazos, el destino de los fondos y las eventuales obligaciones que pudieran comprometer a la provincia.
El convenio, por su magnitud económica y estratégica, merece un análisis serio. Según lo informado, se trata de un aporte fijo, no reembolsable y no compensable, que estaría disponible a partir del 20 de diciembre de 2026. Precisamente por eso, no parece razonable que el Poder Legislativo sea convocado a convalidarlo con una premura que limite el debate o reduzca la posibilidad de realizar consultas a los funcionarios y especialistas involucrados.
La actitud del Gobierno de Marcelo Orrego, buscando una aprobación rápida y acompañando ese pedido con la afirmación de que no cree que existan diputados que voten “en contra de San Juan”, introduce una presión política innecesaria. La frase tiene una carga casi amenazante: transforma una discusión institucional en un examen de lealtad provincial. Y ese no es el camino adecuado para abordar un acuerdo de semejante trascendencia.
Los legisladores no fueron elegidos para levantar la mano automáticamente frente a cada iniciativa del Ejecutivo. Fueron elegidos también para controlar, preguntar, revisar y garantizar que los intereses de la provincia estén protegidos. Una aprobación responsable no debería ser menos firme por tomarse el tiempo de aclarar dudas; al contrario, sería mucho más sólida.
En ese contexto, los legisladores tienen la oportunidad de sostener una posición razonable: valorar los recursos que pueden llegar a San Juan, reconocer aquello que resulte beneficioso y, al mismo tiempo, exigir toda la información necesaria antes de comprometer el aval legislativo. No se trata de poner palos en la rueda ni de negar una oportunidad de desarrollo. Se trata de evitar que la urgencia política reemplace a la transparencia.
Transparentar un convenio de semejante magnitud no es estar en contra de un gobierno ni de San Juan. Pensar lo contrario es una mirada muy simplista para un mandatario que gobierna —o debería gobernar— para todos los sanjuaninos.
La provincia necesita los fondos, pero también necesita reglas claras, controles y confianza pública. Y la confianza no se construye con apuros ni con sospechas sobre quienes preguntan: se construye mostrando cada detalle y dando todas las explicaciones.
