Daniel G. Solar
El trazado abarca 167 kilómetros de tendido entre las estaciones transformadoras de Rodeo y Chaparro, y la reconversión de la línea Nueva San Juan-Rodeo
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGe) confirmará en las próximas horas una resolución clave que concede a la minera Vicuña el uso prioritario del 90% de la capacidad incremental de la línea de alta tensión de 500 kV en San Juan, desestimando los reclamos de varios municipios y competidores para asegurar el insumo energético al proyecto cuprífero Josemaría.
La decisión, que implica un vuelco al desarrollo energético y productivo de la provincia, desata un terremoto político que pagará caro el bolsillo de los sanjuaninos .
El fallo del organismo nacional convalida lo actuado tras la audiencia pública del pasado 3 de junio. En la práctica, despeja el camino para que el consorcio integrado por Lundin Mining y BHP ejecutar obras viales y eléctricas de entre 360 y 800 millones de dólares. El trazado abarca 167 kilómetros de tendido entre las estaciones transformadoras de Rodeo y Chaparro, la reconversión de la línea Nueva San Juan-Rodeo y un tramo de 220 kV hasta el yacimiento. El megaproyecto requerirá 260 megavatios permanentes, cifra que representa la mitad del consumo en momentos pico de toda la provincia de San Juan. A cambio del desembolso, la Casa Rosada les garantiza la prioridad de despacho por 25 años.
Mientras en los despachos del ENReGe celebran la inversión privada bajo la bandera del libre acceso, en la provincia se encendieron todas las alarmas. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y los intendentes de Calingasta, Jáchal e Iglesia coinciden en un diagnóstico tremendo: entregarle el 90% del nuevo flujo eléctrico a un solo jugador bloquea el desarrollo industrial local y condena a la región a pagar tarifas desproporcionadas.
El EPRE argumentó con firmeza que reservar semejante volumen de transporte equivale a una privatización de hecho del sistema público, ya que esa línea no se hizo de cero; los usuarios y empresas de la provincia aportaron para su construcción. Si la red se satura para alimentar el megaproyecto de Vicuña, las futuras ampliaciones para los poblados sanjuaninos y otros emprendimientos saldrán del bolsillo de los usuarios locales o quedarán paralizadas.
La respuesta del ente nacional fue tajante y fría: sostuvo que la provincia opera apenas como un actor más del mercado sin poder de veto y que no se puede impedir una inversión real en función de un hipotético crecimiento poblacional.
En medio de semejante pulseada federal y corporativa, el silencio del gobernador Marcelo Orrego aturde. El mandatario provincial optó por una pasividad que irrita tanto a los jefes territoriales como a los inversores rezagados. La inmovilidad del Ejecutivo sanjuanino no solo deja desprotegido el patrimonio energético de la provincia, sino que tambalea la tan mentada "licencia social" de la actividad minera.
Cuando la gente percibe que el recurso estratégico se monopoliza mientras la boleta de luz domiciliaria se vuelve impagable, la legitimidad social de los proyectos se desploma sin remedio.
Frente a este vacío de conducción política, la rebelión institucional ya tendría hoja de ruta. Los municipios y las cámaras sectoriales preparan presentaciones ante la Justicia Provincial y Federal para frenar la norma del ENReGe. Pero el movimiento más audaz que se discute es la posible convocatoria a una Consulta Popular vinculante. Si el gobierno no defiende la capacidad energética del territorio, que sean los propios sanjuaninos quienes decidan en las urnas si aceptan o rechazan el monopolio eléctrico de Vicuña.
Detrás del apuro por la línea de 500 kV se esconde, además, una incógnita geopolítica que nadie en el gobierno central quiere responder. Vicuña no es una mina aislada, sino un gigante binacional que abarca los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en pleno límite con Chile. Resulta ineludible preguntarse si semejante infraestructura eléctrica no busca alimentar de energía a los desarrollos mineros ubicados en territorio chileno, donde el costo del kilovatio es sustancialmente más alto.
Tiempo atrás, José Morea, Country Manager de Vicuña, ocupó un lugar central en la Comisión Administradora del Tratado de Integración Minera con Chile, mientras los funcionarios provinciales brillaban por su ausencia. Para intendentes y legisladores, la falta de una postura firme del Ejecutivo debilita la posición provincial y resquebraja la licencia social de la minería, que requiere transparencia y repartos equitativos para sostenerse.
De confirmarse esa hipótesis, la Argentina estaría transfiriendo su capacidad de red para subsidiar la competitividad chilena mientras los usuarios de Calingasta o Jáchal financian el costo del cuello de botella. El ENReGe firmó la resolución, pero el conflicto recién empieza.
