Daniel G. Solar
Dos días después que el gobernador Marcelo Orrego firmara, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, un convenio con Vialidad Nacional para la ejecución de distintos trabajos en las rutas nacionales, ingresó a la Legislatura provincial el mensaje 35 del Poder Ejecutivo que contiene el proyecto de ley que solicita la aprobación del documento.
En el acuerdo, la administración Orrego asume de manera exclusiva la ejecución de obras, reparación y mantenimiento integral de siete rutas de jurisdicción nacional en territorio provincial aportando el total del financiamiento para concretar los trabajos viales, sin ninguna posibilidad de reembolso alguno por parte del organismo nacional y sin reclamar los recursos que por ley debería recibir San Juan del impuesto a los combustibles líquidos.
El estado de deterioro crítico, que comprometen la seguridad de los usuarios, y el escandaloso abandono de varios tramos de las rutas nacionales en nuestra provincia exigió una intervención obligada, para que el gobierno de Orrego ponga la plata de su propio bolsillo. Sin reembolso. Sin contraprestación.
San Juan renuncia expresamente a reclamar los recursos que por ley corresponden al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. La Ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos se destina precisamente a construcción y mantenimiento de rutas. Esos fondos, que San Juan sigue pagando en cada nafta que carga, quedan en manos del Gobierno nacional para sostener el equilibrio fiscal.
Lo increíble del acuerdo firmado el lunes 10 de agosto, y ratificado mediante el Decreto provincial 1084-MIAyE-2026, es que los sanjuaninos pagarán dos veces: 1) financia el arreglo y mantenimiento de las rutas con recursos propios y 2) deja que el gobierno de Milei se quede con lo que le corresponde al resignar el cobro del impuesto a los combustibles líquidos.
Si en el futuro San Juan decidiera cobrar peaje en alguno de esos tramos, no podrá hacerlo libremente. El convenio establece que cualquier esquema de concesión por peaje quedará sujeto, obligatoriamente, a la adhesión previa a los términos del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 253/2026. No basta con la voluntad provincial. La regla la pone Casa Rosada.
El dato preocupante se relaciona con los trabajadores viales porque el convenio es claro en que la provincia asume todo el trabajo, todo el gasto y toda la responsabilidad. Pero sobre los trabajadores que hoy dependen de Vialidad Nacional en esos tramos, no hay una sola palabra. No se dice si pasarán a la planta provincial, si quedarán en Nación, si serán reasignados o si corren riesgo de perder su fuente de trabajo.
El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional quedará relegado a una tarea secundaria de supervisión técnica y medición de avances para la carga en el sistema informático SIGO. Sin tareas operativas directas en las rutas nacionales más transitadas de la provincia, los trabajadores viales del noveno distrito afrontan un escenario de marcada incertidumbre laboral respecto a sus funciones cotidianas
El convenio deja una sensación extraña: San Juan pone la plata, el trabajo, la responsabilidad y renuncia a los fondos que por ley le corresponden. Nación conserva la propiedad, la supervisión, los ingresos del impuesto y la última palabra si se cobra peaje. A todas luces es un trato desigual y surge varios interrogantes preocupantes: ¿Quién es responsable por ceder recursos que son del Pueblo de San Juan? ¿Porqué hay que seguir pagando el impuesto a los combustible si no vuelve a San Juan? ¿Los legisladores de Orrego presentarán un proyecto en el Congreso para quedar eximidos por ley del impuesto?
