Daniel G. Solar
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la base de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicado el 23 de julio, expone una radiografía económica implacable en la Argentina: el 29,6% de los deudores de billeteras virtuales y el 12,3% de los bancarizados ya se encuentran en morosidad. Acumulamos 19 meses consecutivos de deterioro crediticio. Un récord que superó los peores registros de la pandemia y que araña los picos históricos del colapso del 2001.
En ese estudio San Juan muestra un 19,8% de morosidad total, donde el sector bancario registró una mora de 13,4%, mientras que la irregularidad en billeteras virtuales se disparó a 31,9%. Esto afecta a 37,4% de los deudores (16,5% con bancos y 41,2% con billeteras virtuales).
Según el informe y observando el mapa, se puede distinguir cómo en la región de Cuyo se concentran las provincias con mayores tasas de morosidad del crédito con ambos tipos de proveedores. En cuanto a la cantidad de deudores morosos sobre el total de deudores, vemos que la situación es aún más preocupante, dado que apenas un puñado de jurisdicciones (CABA, Neuquén y Santa Fe) muestran porcentajes menores al 25%. En particular, las provincias con tasas de morosidad de crédito más elevadas son:
El ahogo financiero de los hogares escaló a niveles críticos y la mora crediticia dejó de ser un indicador abstracto para convertirse en una amenaza concreta sobre el consumo y que golpea con singular ferocidad en la franja de las provincias cordilleranas y mineras, donde los costos logísticos y de vida son estructuralmente elevados. En San Juan, el fenómeno adquirió una dinámica propia donde el sobreendeudamiento ya no responde a consumos de lujo o proyectos de inversión, sino a la mera supervivencia diaria. Las familias acuden al financiamiento no bancario y a las tasas de interés abusivas para pagar la boleta de electricidad, los remedios, el alquiler o la compra semanal en el supermercado.
A pesar de los acuerdos paritarios alcanzados por el Ejecutivo provincial con los gremios docentes y los empleados de la administración pública, la realidad del bolsillo sepultó los anuncios oficiales. Si bien las recomposiciones salariales otorgadas buscaron contener el reclamo en las calles, el tarifazo energético, la desregulación de precios en alimentos, el aumento desmedido de los alquileres y el encarecimiento de los servicios públicos licuaron los incrementos en cuestión de semanas. Para el maestro sanjuanino o el administrativo estatal, el sueldo dejó de alcanzar a mitad de mes. El crédito rotativo de las tarjetas y el saldo prestado por plataformas digitales terminaron funcionando como un salario complementario de emergencia que hoy resulta absolutamente impagable.
El enfriamiento de la actividad económica local comenzó a pasar una costosa factura en los sectores productivos y de servicios. El relevamiento más reciente presentado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA) aporta cifras dramáticas sobre el impacto del parate económico: el 75% de los locales gastronómicos y hoteleros de la provincia debió reducir su plantilla de personal para evitar la quiebra. Más grave aún, el 58% de los propietarios del sector admite que evalúa seriamente si podrá continuar funcionando durante el próximo año. Sin turismo masivo ni volúmenes mínimos de consumo local, la gastronomía y la hotelería sanjuanina enfrentan un proceso de achicamiento acelerado que amenaza con volcar a cientos de trabajadores a la informalidad o al desempleo. La combinación de costos fijos desbocados, alquileres prohibitivos, tarifas inalcanzables y mesas vacías por la caída drástica del poder de compra transformó al negocio en una ecuación a pérdida. La gastronomía funciona como un termómetro social inmediato; si la clase media corta la salida familiar del fin de semana, el colapso del consumo interno deja de ser una hipótesis teórica para convertirse en un desastre comercial.
Frente a esta bola de nieve que amenaza con aplastar la paz social y complicar el escenario electoral futuro, la Cámara de Diputados de San Juan reaccionó. En un gesto político de rara unanimidad entre bloques opositores y oficialistas, el cuerpo legislativo aprobó un proyecto de declaración que solicita formalmente al Poder Ejecutivo provincial que gestione ante el Banco San Juan una línea crediticia especial para refinanciar las deudas de familias e individuos sumidos en la morosidad. Que bancadas ideológicamente opuestas hayan votado juntas refleja la magnitud del problema: el sobreendeudamiento ya no es una variable técnica, sino un foco de tensión social insostenible.
Sin embargo, en el tablero político real, el impacto de esta iniciativa ha sido nulo hasta el momento. Las gestiones ante la entidad financiera provincial permanecen completamente congeladas en la burocracia oficial. Quienes caminan los pasillos del Centro Cívico saben que Marcelo Orrego y sus colaboradores más cercanos miran con desconfianza cualquier medida que implique asumir costo fiscal o comprometer balances bancarios en un contexto de estrechez presupuestaria nacional y alineamiento con la Casa Rosada. Mientras la resolución legislativa duerme el sueño de los justos en los despachos ministeriales, los intereses punitorios continúan multiplicando de forma exponencial las deudas de miles de hogares sanjuaninos.
El diagnóstico que surge del relevamiento del CEPA y la Central de Deudores del BCRA deja en evidencia que el modelo de ajuste nacional tiene un ancla pesada en las provincias. En San Juan, donde el discurso oficial intenta maquillar la parálisis actual con promesas mineras a largo plazo, la mora cotidiana expone la vulnerabilidad de la economía doméstica. Con un sector privado ahogado, un salario público insuficiente y una propuesta legislativa de auxilio que no encuentra eco operativo en el Ejecutivo, la crisis de deuda familiar se perfila como el verdadero límite social de la gobernabilidad.
Cuando el plástico financia la compra de alimentos en el supermercado o el pago de los servicios básicos, el colapso del esquema crediticio personal es solo cuestión de tiempo. En San Juan, esta espiral de endeudamiento no discrimina sectores y erosiona la capacidad de pago de la clase media provincial.
Fuentes: Centro de Economía Política Argentina (CEPA) / Banco Central de la República Argentina (BCRA)
