Daniel G. Solar
El pasado lunes 1 de junio, un documento ingresó formalmente a la Cámara de Diputados de la Provincia y encendió de inmediato las alarmas en el espinel político y económico local. Se trata del Mensaje N° 00020, firmado por el gobernador Marcelo Orrego y su ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, mediante el cual se solicita autorización para contraer deuda pública por un monto sideral: hasta 600 millones de dólares.
El texto, redactado bajo una pátina de necesidad electoral, estratégica y "responsabilidad intergeneracional", esconde en su letra chica una de las mayores operaciones de endeudamiento planteadas en las últimas décadas en nuestra región. Sin embargo, a diferencia de los créditos históricos que financiaron diques, rutas u hospitales, esta polémica iniciativa estatal carece de un elemento fundamental: un listado concreto de las obras a ejecutar.
La primera gran fisura del proyecto oficial radica en su indiscutible naturaleza de "cheque en blanco". La historia institucional de San Juan demuestra que las grandes obligaciones externas siempre tuvieron nombre y apellido. El Poder Legislativo solía votar sabiendo con precisión qué infraestructura se iba a desarrollar, cuánto costaba y bajo qué plazos se amortizaba.
Aquí la lógica se invierte de manera preocupante: el Ejecutivo provincial pide permiso para endeudarse primero y resolver después, puertas adentro del Ministerio de Economía, en qué gastará los dólares obtenidos. Esta delegación de facultades vacía de contenido el rol de contralor de la Legislatura, que se encamina a convalidar una autorización general y absolutamente ciega.
La primera gran fisura del proyecto oficial radica
en su indiscutible naturaleza de "cheque en blanco".
Al contrastar esta ambiciosa iniciativa con los postulados esenciales de la Ley 55 I de Contabilidad de San Juan y la Ley N° 2476-I de Administración Financiera, el cortocircuito legal se vuelve evidente. Las normas de contabilidad del Estado exigen que los recursos obtenidos por crédito público posean un destino específico, técnicamente justificado y debidamente presupuestado, garantizando la transparencia indispensable en la asignación de fondos públicos.
Presentar un proyecto que no identifica las obras concretas, que elude por completo la planificación conjunta con los intendentes departamentales y que además excluye explícitamente estas contrataciones de los mecanismos ordinarios de control que fija la Ley N° 2000-A colisiona de frente con el espíritu de ordenamiento administrativo. No se puede rendir cuentas de un gasto cuyo destino final queda a merced de una decisión administrativa de asignación posterior.
El aspecto más crítico e inquietante de la propuesta oficial reside en las condiciones macroeconómicas actuales para acceder al crédito internacional. Mientras el discurso político del gobierno sanjuanino ensaya una proyección de devolución a 8 o 9 años para calmar los ánimos sociales, el texto duro del proyecto de ley lo contradice de manera flagrante. El Artículo 3° establece textualmente un "plazo mínimo de dos (2) años" para la amortización de la deuda, dejando abierta de par en par la puerta a un vencimiento de cortísimo plazo que asfixiaría por completo las cuentas públicas de la provincia en el futuro inmediato.
A este escenario se suma un contexto financiero global extraordinariamente adverso para los emisores estatales argentinos. Con un riesgo país de por sí elevado y tasas de interés internacionales prohibitivas para los mercados emergentes, San Juan pretende salir a buscar financiamiento externo sin siquiera fijar un tope o tasa máxima de interés en la ley.
San Juan pretende salir a buscar financiamiento externo
sin siquiera fijar un tope o tasa máxima de interés en la ley.
El proyecto se limita a señalar con laxitud que la tasa será fija, variable o mixta "de acuerdo a las condiciones de mercado". Salir al mercado financiero global bajo estas premisas tan débiles equivale a aceptar pasivamente condiciones usurarias que devorarán los ingresos genuinos del erario provincial.
El peligro se potencia exponencialmente al analizar el severo descalce de monedas que plantea la operación. San Juan recauda mayoritariamente en pesos argentinos a través de las tasas locales y de su actividad económica interna, pero deberá afrontar la devolución de sus obligaciones íntegramente en dólares estadounidenses o monedas extranjeras equivalentes.
Para colmo de males, el proyecto dispone en su Artículo 4° que la garantía de pago serán los valiosos recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Es decir, el principal ingreso que sostiene el funcionamiento diario de la administración sanjuanina y de sus municipios queda completamente prendado a favor de los acreedores extranjeros. El Artículo 6°, en un preocupante exceso de discrecionalidad, faculta además a las autoridades a ceder en garantía o propiedad fiduciaria cualquier otro recurso o ingreso provincial futuro.
Para los sectores productivos de la economía real, como la minería en Calingasta, la falta de previsibilidad y la extrema concentración de poder también generan justificadas dudas. Si bien el sector privado reclama con urgencia obras de infraestructura energética y vial para poner en marcha proyectos metalíferos de gran escala como Los Azules, este esquema centralizado y carente de un control legislativo posterior despierta profundos resquemores.
Las inversiones mineras multinacionales exigen reglas de juego claras, certidumbre jurídica y estudios públicos de sostenibilidad fiscal, no herramientas financieras opacas que esquiven los controles ordinarios del Estado provincial.
Finalmente, el texto normativo consagra la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y la renuncia explícita a oponer la defensa de inmunidad soberana ante reclamos judiciales. Si San Juan ingresa en un conflicto financiero por incumplimiento, deberá litigar bajo las leyes de Nueva York o Londres, un escenario que la historia argentina reciente ya ha demostrado cuán costoso y destructivo puede resultar para la soberanía de una comunidad.
En conclusión, la iniciativa enviada por el Ejecutivo contradice abiertamente el relato de austeridad fiscal que suele pregonar la gestión actual. Detrás de las palabras ampulosas sobre la inversión productiva y el desarrollo socioeconómico se esconde un salto al vacío financiero de consecuencias impredecibles.
San Juan no puede darse el lujo de hipotecar su coparticipación federal ni de firmar autorizaciones en blanco en momentos de altísima volatilidad económica mundial. La Legislatura provincial tiene hoy la responsabilidad histórica de exigir la precisión técnica de las obras, imponer límites estrictos a las tasas de interés y defender con firmeza el patrimonio de todos los sanjuaninos frente a una aventura crediticia que amenaza gravemente con hipotecar el futuro de las próximas generaciones.
