Estalló el conflicto: El Gobierno corta financiamiento al sindicato de estatales

Tras la abrupta quita del código de descuento al Sindicato de Empleados Públicos, su titular denunció irregularidades en la notificación oficial y un preocupante desinterés por la crisis social.
Locales26/05/2026Redacción El TribunaRedacción El Tribuna

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José Díaz, Secretario General de SEP

José Díaz, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), analizó en Elementos FM la repentina resolución del Ministerio de Economía provincial que suspendió el sistema de retención de cuotas por planilla a la organización sindical. El dirigente denunció que la medida se ejecutó mediante groseras fallas administrativas, justo el mismo día en que el gremio solicitaba una audiencia formal con el gobernador para acercar posiciones sobre la realidad de los trabajadores

El conflicto se encendió cuando el sindicalista detalló el insólito procedimiento técnico utilizado por la cartera económica para fundamentar la sanción. Según relató, la notificación oficial nunca llegó a la sede real del gremio. “Nos han ido a notificar al sindicato de las maderas en calle Lavalle, en la cual no hemos tenido nunca ningún tipo de vínculo”, reveló, atribuyendo la maniobra a una mezcla de desprolijidad y nerviosismo dentro del funcionariado provincial. Díaz también denunció el trato político recibido en la misma jornada por parte de los secretarios gubernamentales, quienes prometían gestionar reuniones mientras, en paralelo, se firmaba la baja del beneficio

Para el referente de los empleados públicos, la arremetida no es novedosa en la historia gremial sanjuanina, aunque sí reviste una virulencia particular “Han buscado atacarnos de las distintas maneras, pero con la bajeza que se ha hecho en este nivel, imposible”, comentó. El dirigente ligó la represalia estatal al rol activo que asumió el SEP en la denuncia de las condiciones de trabajo dentro del Centro de Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), donde el personal percibe salarios mínimos y afronta una sobrecarga de tareas crítica en un contexto de creciente inseguridad regional.

A su vez, extendió la preocupación hacia el sector de las fuerzas de seguridad, cuyos agentes se encuentran impedidos de movilizarse pero sufren el mismo deterioro material. “Asumimos la representación de ellos en tiempo y en forma solicitando el mejoramiento de los sueldos porque con un millón de pesos, con 700, 800 mil pesos que cobra una persona que recién ingresa, no soluciona ningún problema”, argumentó.

Ante el fracaso de las instancias administrativas (tras haber presentado más de cinco pedidos formales de audiencia sin respuesta), Díaz confirmó que la disputa se trasladará a los tribunales y a las calles de la capital. Además de la presentación de un recurso de amparo y una medida cautelar, el gremio inició un esquema de protestas diarias frente a la Casa de Gobierno.

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