Valentina Romo MillánEl conflicto por el financiamiento universitario se ha convertido en uno de los puntos más persistentes de tensión durante la gestión libertaria. Los datos muestran que, de no mediar una actualización de partidas, el presupuesto universitario, actualmente estimado en $4,8 billones, será el más bajo desde 2005, con una caída real del 18,4% respecto de 2025 y del 42% en comparación con 2023.
La asfixia presupuestaria ya genera dificultades concretas para afrontar gastos esenciales, como el pago de servicios básicos de luz, agua y gas, poniendo en riesgo el funcionamiento cotidiano de las instituciones. En ese sentido, Gonzalo Leyes, presidente de la Federación Universitaria Sanjuanina, advirtió:
“Hoy la universidad hace un enorme esfuerzo económico para sostener herramientas fundamentales para los estudiantes, como el comedor gratuito y las becas. Incluso, en algunos momentos hemos tenido dificultades para costear servicios básicos necesarios para el funcionamiento”.
La Ley de Financiamiento Universitario fue impulsada con el objetivo de evitar el deterioro salarial y estructural de las casas de altos estudios, garantizando la continuidad de la enseñanza, la investigación y la extensión.
Tras su aprobación en 2025, la norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, aunque posteriormente quedó promulgada luego de la insistencia legislativa. Sin embargo, desde el sistema universitario denuncian que el Gobierno nacional no aplica efectivamente sus disposiciones, argumentando falta de recursos y priorizando las políticas de superávit fiscal.
Por su parte, el Gobierno nacional tambien cuestionó en reiteradas oportunidades la transparencia de las universidades públicas.
Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) ha realizado auditorías sobre las universidades, aunque no de manera anual. El organismo explicó que su plan de trabajo depende de la aprobación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que define qué organismos serán auditados. Es decir, las auditorías requieren aprobación legislativa y no dependen exclusivamente de las instituciones universitarias.
Uno de los efectos más críticos del ajuste es la caída del salario docente. Los sueldos del personal docente y el Personal de Apoyo Universitario (PAU) alcanzaron su nivel más bajo en 23 años, situación que provocó renuncias y una creciente crisis en el sistema.
“Se siente el impacto porque hay docentes que están dejando la universidad para buscar mejores condiciones laborales en el sector privado o en organismos públicos provinciales. Y nosotros, como estudiantes, también lo sentimos en la irregularidad de las cursadas”, explicó Leyes.
El desfinanciamiento también afecta áreas estratégicas como la investigación científica, las becas estudiantiles y los programas de extensión.
“La investigación universitaria es clave para el desarrollo de nuestra provincia. De allí surgen descubrimientos fundamentales para San Juan, y contamos con institutos muy prestigiosos que construyen conocimiento valioso”, señaló.
Durante el último año, la Universidad Nacional de San Juan logró patentar un descubrimiento clave para la extracción de petróleo en Argentina, un avance de relevancia para el desarrollo científico y productivo de la provincia.
A esto se suma el riesgo que enfrentan programas de impacto social, como la Escuela de Oficios, que durante años capacitó a miles de sanjuaninos.
“Todo esto hoy sigue funcionando, pero pende de un hilo. Los costos aumentan constantemente y, sin actualización presupuestaria, herramientas como las becas o el comedor universitario se vuelven cada vez más difíciles de sostener”, advirtió el dirigente estudiantil.
Uno de los datos más significativos del sistema universitario argentino es su capacidad de promover movilidad social ascendente. Se estima que entre el 48% y el 68% de quienes cursan en universidades nacionales son primera generación de universitarios en sus familias.
“Soy hijo de un peón rural y de una ama de casa. Para mi familia, la universidad jamás aparecía como una alternativa posible. Sin embargo, gracias al esfuerzo de mis padres y a políticas públicas que acompañaron, pude llegar a la universidad. Eso me abrió muchísimos caminos y me permitió imaginar un futuro distinto para mí y para mi familia”, relató Gonzalo, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales.
En la misma línea, Germán, egresado de esa unidad académica e investigador del CONICET, afirmó:
“La universidad me dio la oportunidad de crear, investigar y socializar el conocimiento. Eso no debe darse por sentado; hay que defenderlo para que continúe”.
Malvina, estudiante del Colegio Central Universitario Mariano Moreno, resumió:
“La universidad es nuestra posibilidad de construir un presente y soñar con un futuro. Es el orgullo de nuestras familias y nuestra esperanza”.
El eventual deterioro del sistema universitario implicaría retroceder sobre una construcción histórica que posicionó a Argentina como referente regional y mundial en educación pública, gratuita y de calidad.
“Argentina es admirada en muchos lugares del mundo por su educación pública. Lo que se destruye rápido tarda mucho tiempo en reconstruirse”, comentó Ana, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales.
La pérdida no sería únicamente académica, sino también social, económica y cultural. Debilitar la universidad pública significa limitar oportunidades para miles de personas que encuentran allí una posibilidad concreta de progreso, además de afectar la capacidad del país para producir conocimiento, innovar y construir comunidad desde las ciencias, las artes, la filosofía y las ingenierías.
