Redacción El Tribuna
En diálogo radial, Pérez Garro cuestionó la forma en que se llevan adelante las intervenciones y sostuvo que “no puede ser que la solución sea borrar de un plumazo a las comisiones que eligieron los vecinos. Hay estatutos, hay asambleas, y lo que se ve es una intromisión que desarma el trabajo de años en los barrios”.
El dirigente del Barrio Aramburu remarcó que las entidades intermedias son “el primer mostrador del vecino” y que, en muchos casos, las intervenciones llegan sin diálogo previo: “Nos enteramos por el Boletín Oficial o porque un interventor se presenta en la sede. Así no se fortalece la vida institucional, se la vacía”.
Aunque la Unión Vecinal que preside no fue intervenida, Pérez Garro explicó que sigue de cerca la situación de otras instituciones barriales y clubes deportivos que quedaron bajo la lupa de Personería Jurídica. “Hoy le toca a un club de Rawson o a una vecinal de Chimbas, mañana puede ser cualquiera. Por eso pedimos reglas claras y que se respete la autonomía”, señaló.
Durante la entrevista, el presidente vecinal pidió que se revisen los criterios de intervención y que se priorice el acompañamiento administrativo antes que la designación de interventores. “Muchas veces el problema es un balance atrasado o un libro vencido. El Estado debería capacitar y ayudar a regularizar, no intervenir y paralizar la vida social del barrio”, afirmó.
Pérez Garro también reclamó mayor participación de los municipios y de la Federación de Uniones Vecinales en las decisiones: “Las entidades no son un papel. Son la copa de leche, el taller de oficios, el club donde juegan los chicos. Cuando intervenís, frenás todo eso”.
En los últimos meses, la Inspección de Personas Jurídicas realizó observaciones técnicas y administrativas sobre varias entidades deportivas y barriales de San Juan, lo que derivó en prórrogas de asambleas e intervenciones. El tema generó debate en el ambiente dirigencial, donde algunos reclaman mayor control y otros denuncian avasallamiento.
Desde el Barrio Aramburu, Pérez Garro adelantó que buscarán la parte judicial con otras asociaciones que sufrieron lo mismo para “ponerle un freno a las intervenciones arbitrarias y defender la institucionalidad de los clubes y las vecinales”.
