Redacción El TribunaEl Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma electoral que, aunque no figuraba entre sus prioridades iniciales, busca instalarse como uno de los ejes de la agenda política en 2026. El proyecto, diseñado en la Casa Rosada por el asesor Santiago Caputo junto a equipos técnicos, apunta a introducir cambios en el sistema con la intención de “alinear la política con lo que piensa la sociedad”.
La iniciativa incluye discusiones de fondo como la modificación o eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la implementación de mecanismos que simplifiquen el proceso electoral. Sin embargo, el avance del proyecto no está exento de dificultades: el oficialismo necesita construir consensos en el Congreso para aprobar reformas que requieren mayorías especiales.
Uno de los principales obstáculos proviene de los propios aliados del Gobierno. Sectores del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) expresaron reparos tanto sobre el contenido de la reforma como sobre el contexto político en el que se impulsa. En particular, cuestionan la oportunidad del debate en medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación judicial generó ruido dentro del oficialismo y sus socios parlamentarios.
Dirigentes aliados advierten que avanzar con una reforma estructural en este escenario podría debilitar la capacidad de negociación del Gobierno y distraer la atención de otros problemas económicos y sociales más urgentes. Incluso, algunos legisladores consideran que la discusión debería postergarse hasta que se estabilice el frente político interno.
A pesar de estas tensiones, en la Casa Rosada sostienen que 2026 representa una oportunidad estratégica para impulsar cambios, ya que no es un año electoral. Esto permitiría debatir modificaciones sin la presión inmediata de una campaña y facilitar acuerdos más amplios entre las fuerzas políticas.
En este contexto, la reforma electoral se perfila como una prueba clave para la capacidad del Gobierno de articular mayorías y sostener el respaldo de sus aliados, en un escenario político atravesado por disputas internas y negociaciones abiertas.
Fuente NA
