Ignacio Cúnsulo
La inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, no solo sorprendió por su magnitud sino por lo que expone: la dificultad del Gobierno para quebrar la inercia de precios en un contexto donde el discurso oficial empieza a mostrar signos de desgaste. Lejos de consolidar una desaceleración, el índice se mantiene en niveles elevados y relativamente estables, sin señales claras de retroceso.
El reconocimiento del propio presidente Javier Milei —“el dato es malo”— dejó en evidencia la incomodidad oficial frente a un número que contradice las expectativas generadas desde el inicio de la gestión. Sin embargo, más allá de la admisión, no hubo definiciones concretas sobre cómo se revertirá una tendencia que ya acumula diez meses consecutivos de aumentos.
En paralelo, economistas advierten que el dato podría ser aún más alto. De aplicarse la nueva metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que contempla con mayor precisión el peso de los servicios, la inflación de marzo habría escalado al 4,1%. Este punto resulta clave: los servicios —cada vez más determinantes en el gasto familiar— siguen liderando las subas, tensionando aún más el poder adquisitivo.
La persistencia inflacionaria también erosiona uno de los principales argumentos del oficialismo: que la inflación responde exclusivamente a un fenómeno monetario. Para el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el proceso actual es “generalizado y estructural”, impulsado por factores como la energía, los alimentos y los servicios, lo que debilita la explicación simplificada del Ejecutivo.
A esto se suma un dato inquietante: la inflación núcleo subió al 3,2%, lo que indica que incluso los precios menos volátiles mantienen una dinámica ascendente. Es decir, no se trata de picos aislados sino de un problema más profundo y persistente.
El malestar también se hizo sentir en el ámbito empresarial. Durante un encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, distintos sectores alertaron sobre fuertes aumentos en costos, especialmente en insumos ligados a la energía y los combustibles. En algunos casos, se reportaron subas de hasta el 15%, anticipando nuevas presiones sobre los precios finales.
Desde el análisis técnico, el economista Martín Pollera fue categórico al describir el escenario: gran parte de los incrementos se concentra en rubros esenciales, como educación, transporte, vivienda y alimentos, es decir, gastos que las familias no pueden evitar ni sustituir fácilmente. En ese marco, el impacto social de la inflación se vuelve cada vez más regresivo.
Con proyecciones que anticipan un abril en niveles similares, el panorama inflacionario empieza a configurarse como un problema estructural más que transitorio. En ese contexto, la falta de resultados concretos no solo debilita la narrativa oficial, sino que abre interrogantes sobre la efectividad del rumbo económico adoptado.
Fuente: La Política Online
