Calingasta reclama definiciones al Gobierno por el transporte minero y la ley de proveedores

El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta, Adolfo Ibaceta, confirmó que la entidad elevó un petitorio al Gobierno provincial para exigir definiciones sobre el transporte de mineral desde el proyecto Gualilán hacia la planta de Casposo, además de avances en la ley de proveedores mineros.

Según explicó, la preocupación principal radica en la falta de información oficial sobre cómo se realizará el traslado y las condiciones de seguridad para la circulación de camiones en rutas del departamento. “Le hicimos llegar la preocupación que tenemos acá en el departamento por falta de definición con el tema de Gualilán oficialmente no tenemos nada”, señaló.

El dirigente indicó que la incertidumbre genera inquietud en la comunidad y en el sector empresario local, especialmente por el impacto que podría tener el tránsito de transporte pesado sobre la infraestructura vial y la vida cotidiana de la zona. En ese sentido, remarcó que la transitabilidad “es importantísima para todo el departamento”.

Además, Ibaceta planteó la necesidad de avanzar con la ley de proveedores mineros, un proyecto que —según afirmó— se trabaja desde hace más de un año sin llegar aún a la Legislatura. La norma es considerada clave para garantizar la participación de empresas y trabajadores locales en los proyectos que se desarrollen en la provincia. “Nos da una herramienta para poder estar incursionados como sociedad  no que tengamos que andar mendigando”, expresó.

El referente empresarial también manifestó preocupación por el avance de iniciativas mineras de gran escala, como el proyecto Los Azules, y advirtió que la provincia se encuentra atrasada en materia de planificación territorial. “¿Qué va a pasar si hoy no podemos solucionar el tema de 30 camiones? Imagínense cuando empiece la construcción de un proyecto de esta envergadura”, planteó.

Finalmente, Ibaceta aclaró que el sector no se opone a la actividad minera, pero reclamó reglas claras y mayor diálogo con las comunidades. “La minería es gran parte de la solución para la provincia de San Juan, pero hay que hacer las cosas bien, con planificación y ordenamiento”, concluyó.