Daiana Coria
La Justicia Federal de Mendoza habilitó una investigación penal y ordenó la indagatoria de 17 exintegrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos contra bebés, niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar.
La decisión fue adoptada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien admitió el requerimiento de imputación presentado por el fiscal Dante Vega junto a los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. La causa apunta a hechos perpetrados contra casi 60 menores de edad y constituye el primer expediente judicial que aborda la represión sobre la infancia como una dimensión específica del terrorismo de Estado.
Según informó la Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, impulsora de la investigación, el avance del proceso es considerado “histórico” en un contexto de retrocesos y cuestionamientos a las políticas de memoria, verdad y justicia. “El inicio de esta causa demuestra que la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad siguen vigentes en la Argentina, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado”, señaló Rodríguez Infante.
La investigación alcanza a 17 de los 24 represores inicialmente identificados. Los siete restantes quedaron fuera del expediente por fallecimiento, incapacidad sobreviniente o absoluciones dictadas en juicios anteriores. Los imputados pertenecieron al Departamento de Informaciones Policiales (D-2), al Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército Argentino y a la Fuerza Aérea.
El Ministerio Público Fiscal los acusa por los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción y por figuras vinculadas a la sustitución de identidad, como sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la causa se sustenta en testimonios, documentos y peritajes que permiten reconstruir un patrón sistemático de violencia estatal contra hijos e hijas de personas perseguidas, secuestradas y desaparecidas. Hasta ahora, este tipo de hechos habían sido abordados de manera tangencial en otros procesos judiciales, salvo en los casos de apropiación de bebés.
El expediente describe distintas modalidades represivas. Entre ellas, la detención de menores durante operativos, el encierro prolongado sin registro en dependencias estatales, el abandono forzado tras el secuestro de sus padres y el uso de niños y niñas como mecanismo de presión sobre familiares perseguidos. También se documentan situaciones de ocultamiento y traslado de menores sin documentación, que derivaron en la pérdida o alteración de su identidad.
Los hechos investigados se concentraron en áreas donde operaba el D-2, considerado el principal centro clandestino de detención de la provincia, y donde actuaron de manera coordinada el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía. La imputación sostiene que los crímenes contra las infancias no fueron hechos aislados ni excesos individuales, sino parte de una estrategia represiva orientada a quebrar los vínculos familiares y sociales de las personas perseguidas.
Las indagatorias se iniciarán bajo la premisa de que los delitos investigados, por su carácter de lesa humanidad, son imprescriptibles.
Fuente: Página 12
