Daiana Coria
La renuncia de José Luis Esper como candidato de La Libertad Avanza abrió un debate sobre cómo se debe reemplazar a un postulante en plena campaña electoral. El especialista en Derecho Electoral, Pablo Cazaban, explicó que aunque la fuerza política puede manifestar su voluntad de modificar la lista, “obviamente de un dato fundamental, el que resuelve es un juez”.
Sobre el reemplazo del candidato, Cazaban señaló que la normativa de paridad de género establece un orden específico: en este caso, la mujer subiría al primer lugar y el resto de los candidatos se reacomodaría. Según explicó, este mecanismo responde a la necesidad de respetar la ley y mantener la coherencia de la lista.
El especialista advirtió que, más allá de lo jurídico, la reimpresión de boletas representa un problema financiero y logístico. Según sus cálculos, el costo podría superar los 14.000 millones de pesos debido a las características de las boletas actuales, que incluyen doble faz, papel especial y medidas de seguridad. Cazaban puntualizó que este gasto no puede ser asumido por la fuerza política, sino por el Estado, y que además se debe considerar la dificultad de distribuir las boletas en provincias extensas como Buenos Aires.
Cazaban también cuestionó la gestión de La Libertad Avanza en este proceso. Afirmó que la fuerza política ha “abusado del derecho a la sustitución” al no respetar los tiempos necesarios para que los ciudadanos tengan acceso a una información electoral clara y oportuna. Explicó que este tipo de maniobras “alteran la oferta. Están alterando la información. No es clara, no es precisa, no es determinada y no es oportuna”, lo que vulnera derechos consagrados constitucionalmente.
Respecto del rol del juez electoral, el especialista recordó que cualquier decisión debe estar respaldada en normas y que existe un mecanismo de revisión a través de la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Casaban aseguró que, aunque la especulación política es parte del juego democrático, no se debe intentar “torcer la voluntad popular ni la propia ley”.
Finalmente, sostuvo que el caso podría impulsar ajustes normativos: las normas deberían establecer límites temporales claros para la modificación de la oferta electoral o la reimpresión de boletas, de manera que los votantes tengan acceso a información precisa y transparente en todo momento.
