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El abogado de Alesia Abaigar apuntó contra la Justicia y el gobierno nacional tras la negativa de excarcelación dictada por Arroyo Salgado. Aseguró que el caso es un “escrache sin tipificación penal” y denunció irregularidades en el proceso judicial.
Nacionales01/07/2025
Daiana Coria
Daniel Llermanos, abogado de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, denunció una “exageración judicial” en la causa que mantiene detenida a su defendida tras un escrache contra el diputado nacional José Luis Espert. En diálogo con Elementos FM, el letrado aseguró que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva sin elementos jurídicos válidos y advirtió que el proceso presenta serias irregularidades.
El abogado cuestionó duramente la decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien le negó la excarcelación tras ser acusada de haber arrojado materia fecal en la casa del diputado nacional José Luis Espert. Explicó que su defendida se encuentra detenida en el penal de mujeres de Ezeiza a pesar de que la acción por la que se la acusa “no llega a configurar un delito”.
Llermanos informó que “Nosotros creemos que el resultado tiene hasta chance de ser favorable porque no hemos encontrado una justificación que permita decir que el rechazo que hizo la jueza federal a la libertad de Alesia pueda tener un fundamento siquiera mínimamente sólido”.
Actualmente, Abaigar se encuentra detenida “en una cárcel común, en la cárcel de Ezeiza de mujeres, un lugar que, por más buena voluntad que tenga el servicio penitenciario, no reúne las condiciones mínimas que necesita su estado de salud”.
Yermanos calificó el hecho como un escrache y aseguró: “Lo dije en el juzgado, al conocer los cargos manifesté que esto, en el lenguaje vulgar, es un escrache, donde se deja situaciones malas, insultantes, todo lo que usted quiera, pero que no llega a configurar un delito”.
Además, remarcó que dentro de "las acciones sociales que se pueden clasificar en buenas o malas, las malas no siempre tienen tipificación penal”, y agregó: “Esto forma parte de una convivencia violenta, no es para elogiarlo, pero forma parte de la rispidez de cualquier sociedad donde, a veces por el fútbol, a veces por cuestiones políticas, los grupos se enfrentan”.
El abogado hizo un repaso histórico y político de otras situaciones similares: “Yo me acuerdo cuando no estaban las redes sociales y se utilizaba la pintura, la gente pintaba las casas poniéndose Viva Perón o UCR y a veces con frases insultantes. Era muy común y nadie fue preso nunca por esto jamás".
“Esto constituye una exageración que creemos forma parte de un estilo que ha establecido el gobierno nacional de generar, a través de situaciones violentas, del odio, una mayor división social”, expresó. Y añadió: “Los discursos que se hacen desde todos los ministerios, desde la propia Casa Rosada, indican esto y el fallo de la jueza parece estar inclinado desde esa misma óptica”.
Llermanos pidió tener en cuenta el contexto que puede haber motivado una reacción emocional: “Si usted tiene por determinada afición política, en este caso por Cristina Fernández de Kirchner, puesta sus esperanzas de un futuro mejor y tiene además afecto por ella, por su familia, por sus militantes, que lo traten de cucaracha y que puede ser mañana objeto de exterminio, genera también reacciones. No lo digo para justificar, pero mínimo para entender”.
“Si yo paso ahora por la puerta de su radio y lo insulto, y digo que usted merece la muerte, que usted es una basura, a lo mejor usted me responda mal porque todos tenemos algo de sangre en las venas y queremos defender nuestro honor y nuestra forma de vida”, ejemplificó.
En otro tramo de la entrevista, el abogado advirtió que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y que no han podido acceder a la información: “La calificación es muy confusa… me tengo que limitar a la que puso la doctora en el acto de la indagatoria porque hay secreto de sumario. La defensa no puede saber ni qué se vio, ni qué dice ahora, ni si una hoja fue cambiada, por ejemplo, porque no hemos podido controlar la causa. Otra cuestión muy muy criticable”.
Por útimo, aseguró que “la mínima garantía de una persona que está privada de libertad es que pueda controlar su causa". “Esperamos que aquí los jueces se expresen en el sentido correcto y pongan las cosas en su lugar”, sostuvo.

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