El juez Roberto Gallardo cree que los participantes de la manifestación se enfrentan a un "riesgo cierto de lesión a la integridad física". Ordenó al Gobierno de CABA la coordinación del operativo de seguridad para la movilización.
Nacionales07/04/2025
Lu Soria
Recientemente, la Justicia porteña hizo lugar a una cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que se encargue de coordinar el operativo de la marcha del próximo miércoles 9 de abril que encabezarán jubilados junto a gremios agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), en la previa del paro nacional.
La orden vino del juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA. Él ordenó al Poder Ejecutivo de Jorge Macri que se abstenga de convalidar y legitimar la intervención de fuerzas de seguridad federales de Patricia Bullrich en el territorio porteño por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior.
Entre las medidas dispuestas por el juez, se ordenó a la Ciudad coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización "dejando sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión", y que se "delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante".
El amparo de la UTEP, de la CGT y de la UEJN
El amparo provino de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la CGT y de los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Lo presentaron Walter Alejandro Gramajo, Secretario General y representante legal de la UTEP, junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de DDHH de la CGT y secretarios de UEJN.
En el escrito, los representantes citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, donde se reconoce la autonomía de CABA. Además, recordaron que los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059) determinan cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito. Asimismo, argumentaron que la Policía de la Ciudad está capacitada para actuar en movilizaciones y protestas.
A su vez, recordaron que la administración porteña no adhirió al Protocolo Nacional de Seguridad (Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de vías de Circulación) impulsado por Bullrich a fines del 2023 mediante la resolución 943/2023, el cual establecía que "las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal. También podrán intervenir en territorios provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059".
El fallo del juez Roberto Gallardo
En su fallo, Roberto Gallardo determinó que su planteo no es "abstracto ni una mera pretensión de control institucional, sino una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros".
En esta misma línea, Gallardo recordó que en los últimos meses "varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos". De hecho, fue en la protesta del 12 de marzo cuando el fotorreportero Pablo Grillo recibió en la cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme, hecho por el cual permanece internado en grave estado. Además, en la marcha de los jubilados del 31 de marzo, un policía atropelló a un camarógrafo mientras cubría la manifestación.
En este contexto, el jurista consideró "igualmente preocupante" la "actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado Nacional" debido a su avanzada sobre la autonomía de la CABA "so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación". Para asegurar esto, el juez Gallardo ordenó al Gobierno de CABA que "en razón de su autonomía constitucionalmente reconocida (...) reasuma sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de seguridad pública". De manera que, durante la protesta del miércoles próximo en el Congreso, será el GCBA quien "despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan".
El fallo pone en conocimiento a las autoridades porteñas, al Ministerio de Seguridad conducido por Bullrich y a los titulares de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval, fuerzas que estuvieron presentes en los últimos operativos.
Fuente: Ámbito Financiero
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