Durante la última semana, la Provincia de Buenos Aires se vio sacudida por una serie de homicidios que conmocionaron al país. Ante estos nuevos crímenes, los políticos intentan pasarse la papa caliente, y el diputado José Luis Espert sugiere como remedio "llenar a los delincuentes de agujeros".
Política06/02/2025
Lu Soria
El 30 de enero, la Provincia de Buenos Aires se vio sacudida por la muerte de un repartidor llamado Lucas Aguilar, quien fue asesinado en la localidad de Moreno tras ayudar a un vendedor ambulante. Su homicidio desencadenó una protesta frente a la Municipalidad de Moreno. A ese crimen se sumó el doble asesinato de los adolescentes Paloma Gallardo y Josúe Salvatierra, de 16 y 14 años respectivamente. La pareja de adolescentes desapareció en la localidad de Florencio Varela el mismo día que Aguilar fue asesinado, y sus cuerpos fueron encontrados el 2 de febrero, debajo de un puente.
Cuando se refirió a las víctimas de la inseguridad, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que “cada caso y cada víctima es una tragedia que nos duele” y aprovechó para reclamarle al presidente Javier Milei los “749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad”. Como respuesta a los dichos del gobernador, Milei dijo en una entrevista a LN+ que "Argentina es un país federal y la seguridad es una responsabilidad que tiene cada provincia. Kicillof es un inútil que se empecina en darme la razón”.
Aprovechando la conmoción producida por los crímenes, el diputado José Luis Espert se dirigió al gobernador Axel Kicillof y lo instó a que pida la intervención de PBA o renuncié porque, en palabras de Espert, Kicillof "demostró ser un inútil. No puede haber un toque de queda en las noches por culpa de los delincuentes". La solución que propone Espert como un antídoto para la inseguridad es llenar a los "delincuentes de agujeros y colgar a algunos como ejemplo, no joden más".
Respecto a los homicidios, Santiago Galar, doctor en Ciencias Sociales por la UNLP y Especialista en temas de seguridad, dijo a Chequeado : “la mayoría de los homicidios no son casos de inseguridad, sino que tienen que ver con violencia interpersonal, es decir entre personas que se conocen”. Según el mismo medio, el Conurbano es la "región más poblada de la Argentina" y Galar explicó que “donde hay más gente hay más interacciones, donde hay más interacciones hay más violencia, donde hay más densidad es más difícil que se establezcan los mecanismos estatales o sociales para hacer que estas interacciones no terminen en violencia, y violencia de la más letal”.
Las afirmaciones del economista José Luis Espert contradicen el Pacto de San José de Costa Rica que la Argentina firmó en 1969 y que establece que todas las personas tienen "derecho a que se respete su vida, dicho derecho estará protegido por la ley" y, ninguna persona "puede ser privada de la vida arbitrariamente".
Desde Amnistía Internacional, documentaron que a fines de 2023, "112 países habían abolido la pena de muerte en su legislación". Ese mismo año, "los países con más ejecuciones fueron: fueron China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos". Según Amnistía Internacional, los métodos empleados para las ejecuciones fueron "la decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego"; el segundo y el cuarto son los favoritos de Espert.
Cuando aparecen nuevos casos de crímenes en el país, algunos fantasmas como la pena de muerte vuelven a presentarse en la sociedad argentina como una solución ideal y mágica, que traería un descenso inminente en las cifras de homicidios. Desde Amnistía Internacional, sostienen que "no existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, la realidad es que han disminuido. En Canadá, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la mitad de la de 1976, cuando se abolió la pena de muerte en el país".
Además, el organismo advierte que en algunos países, la pena de muerte es aplicada de forma discriminatoria, como una forma de deshacerse de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y esta aplicación ha afectado a "minorías étnicas y religiosas, a los pobres, y a las personas con discapacidad psíquica".
Fuentes: Chequeando y Amnistía Internacional
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