Daniel G. Solar
La eliminación de la totalidad del subsidio a la electricidad, por parte del gobierno de Milei, y el creciente reclamo de los usuarios del servicio llevó al gobernador Marcelo Orrego a firmar un decreto para poner topes al Cargo Único Municipal facturado por la Distribuidora Energía San Juan y DECSA por cuenta y orden de los municipios.
Esta decisión busca mitigar el impacto de los altos costos energéticos en los hogares y las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en un contexto de crisis económica y deterioro salarial, y generará un ahorro anual estimado en casi 1.800 millones de pesos, por la reducción del cargo incluido en las facturas de los municipios de 9 de Julio, Chimbas, Pocito, Rawson, Santa Lucía, Sarmiento y Zonda.
La decisión del gobernador Orrego llega en un momento crítico para la economía doméstica. Los sanjuaninos han visto un aumento sostenido en los precios de bienes y servicios, mientras que los salarios han quedado rezagados frente a la inflación. En este marco, los costos de los servicios públicos, y en particular la electricidad, han sido un punto de tensión creciente.
El Cargo Único Municipal (CUM), que se incluye en las facturas de electricidad, ha sido objeto de numerosas quejas por parte de los consumidores. Este cargo se destina a financiar diversas actividades y servicios municipales, y con la reducción decretada por el gobierno, a través del EPRE, asegura "la recaudación suficiente para el pago total del alumbrado público, el consumo de los edificios municipales y el plan de mantenimiento y modernización del alumbrado", según se informó en un comunicado oficial.
Orrego ha instruido al EPRE para que, en un plazo máximo de 30 días, presente una propuesta concreta para limitar el Cargo Único Municipal y que a su vez le permita a los municipios cubrir las sumas de los gastos de facturación de los suministros de alumbrado público, cargos administrativos y edificios propios. También deberá el EPRE tener en cuenta el margen adicional del "Factor LED" que surge de la declaración de existencia de las luminarias de esta tecnología informada por cada municipio.
Esta medida pretende brindar un alivio inmediato a los usuarios, estableciendo un tope máximo que impida aumentos desproporcionados y no justificados.
La intervención del gobierno provincial en la regulación del Cargo Único Municipal refleja la compleja situación económica que atraviesa la provincia y el país. La inflación galopante y el estancamiento salarial han empujado a muchas familias a una situación límite, donde cualquier incremento adicional en las tarifas de servicios puede resultar insostenible.
La decisión de Marcelo Orrego de imponer un tope al Cargo Único Municipal es una respuesta directa a las demandas de una población agobiada por los altos costos de vida. Si bien esta medida puede aliviar temporalmente la carga financiera sobre los sanjuaninos, se requiere un enfoque más amplio y sostenido para resolver la crisis salarial y económica que afecta a la provincia.
La implementación y efectividad de esta regulación por parte del EPRE será clave en los próximos meses para evaluar su impacto real y la capacidad del gobierno provincial para equilibrar las necesidades de financiamiento municipal con la protección de los consumidores.
