Denunciaron maniobras de sobre y subfacturación: qué empresas argentinas están involucradas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por intermedio de la Dirección General de Aduanas (DGA), lleva adelante por estos días una doble ofensiva por maniobras irregulares detectadas en la facturación tanto en el norte como en el sur del país. Una de ellas analiza una sobrefacturación en Vaca Muerta. La otra, un caso de subfacturación en Catamarca, entre una empresa estadounidense y una compañía argentina vinculada.

En primer lugar, denunció ante la Justicia en lo penal económico a la empresa NRG Argentina S.A, por presuntas maniobras de sobrefacturación de importaciones entre enero 2019 y junio 2022. Se trata de un un total de 132 trámites, en su mayoría realizados con una empresa vinculada del exterior, según información oficial.

La DGA denunció en el expediente "la vinculación económica entre el importador y vendedor ya que -según registros de información pública- existe una vinculación comercial entre al menos un integrante de la firma proveedora del exterior Marull Heavy Equipment LLC con uno de la firma NRG Argentina SA, a través de una tercera sociedad en el país, MARDG S.A.S. registrada en 2019 en la Inspección General de Justicia, bajo el N° 52718/19".

El organismo señaló que "en un primer relevamiento se identificaron siete operaciones con una diferencia de 11,8 millones de dólares de sobrefacturación, según surge de la comparación entre lo declarado ante la Aduana Argentina y lo declarado ante la Aduana de Estados Unidos”. El objetivo de esto, precisaron, es “comprar dólares al valor oficial y girarlos al exterior a una empresa vinculada".

Por otra parte, el organismo fiscalizador remarcó que "el total de los giros de divisas al exterior efectuadas por la empresa NRG Argentina a su vinculada del exterior Marull Heavy Equipment ascendería a 63,5 millones de dólares, entre 2020 y 2022 ".

La mercadería en cuestión  incluye máquinas para triturar piedra, excavadoras, cargadoras, remolques, camiones, todo ello destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una "planta para producir arenas para fracking", para la industria del petróleo y el gas en la Cuenca de Vaca Muerta.

La causa está radicada bajo el Nº 561/2022 e interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2. El 30 de junio, la Justicia ordenó allanar las oficinas de la empresa y solicitó un informe de colaboración a la UIF para analizar el origen de los fondos de las inversiones.

Investigación que salpica a un gobernador

La Dirección General de Aduanas notificó el viernes último a la empresa estadounidense Livent de la existencia de un reclamo por U$S 8 millones por diferencias de impuestos aduaneros y le impuso una multa de $6.700 millones, tras el análisis de la facturación de la empresa por las exportaciones de carbonato de litio entre 2018 y 2019. En total, el fisco nacional reclama por $7.700 millones después de haber revisado más de 400 operaciones.

La empresa está radicada en Catamarca, por lo que el hecho despertó suspicacias sobre la participación por acción u omisión del gobierno provincial. En efecto, desde Juntos por el Cambio pidieron explicaciones al Gobierno Provincial por la falta de controles. Por su parte, el gobernador Raúl Jalil se mostró a favor de que el organismo nacional controle a las empresas mineras.

Según consta en la investigación, la empresa argentina -de la que no trascendió su nombre- exportaba a su vinculada del exterior a valores sustancialmente inferiores a los de mercado y a los utilizados por otro exportador comparable.

Aduana determinó los valores corrientes para la mercancía denominada Carbonato de Litio comparando los precios de mercancías idénticas o similares, documentados por un exportador comparable, en cuanto a nivel comercial, momento aproximado de exportación y destino. Como resultado de tal comparación se comprueba que los precios declarados por otro exportador comparable son sustancialmente superiores, en un promedio de 103% a 122%, a los precios declarados por la empresa argentina.

Los precios de transacción declarados por la empresa argentina se encuentran influenciados por la vinculación entre las partes y no cumplen con la condición de ser valores corrientes o de mercado. En otras palabras, la empresa denunciada subfacturó sus exportaciones a la empresa vinculada del exterior.

Fuente: Data Clave