Argentina quiere más minería en medio de conflictos sociales

El gobierno argentino busca potenciar el sector minero para mejorar el ingreso de divisas a la economía nacional, ante un horizonte de mediano plazo de fuertes vencimientos de deuda externa y en medio de las negociaciones con el FMI para refinanciar el crédito récord recibido en 2018.

Sin embargo, la expansión del sector a través de un nuevo esquema de incentivos enfrenta cuestionamientos desde el lado socioambiental, por el impacto de la actividad en las comunidades locales. El episodio más reciente es la aprobación de la minería en ciertas áreas de la provincia de Chubut, que desató protestas masivas y llevó al gobierno a rever su decisión.

Por otro lado, el renovado impulso se da en un contexto de mayor presión sobre la demanda de minerales a raíz de las crecientes necesidades que impone la transición energética. Según la Agencia Internacional de Energía, para 2040 la demanda de minerales se va a duplicar y hasta cuadruplicar, en función del grado de adopción de las nuevas tecnologías.

El sector en números

Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, en el país actualmente operan nueve proyectos de minería metalífera. Los principales productos son oro, plata, plomo y zinc, junto al litio, en donde hay dos proyectos en operación y otro en construcción. Las operaciones se concentran en las provincias de San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Salta y Jujuy.

En los últimos años, estos minerales han sido extraídos por varias empresas con fuertes inversiones de capital extranjero y filiales locales. Estos incluyen la firma canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, AngloGold Ashanti de Sudáfrica, que administra la mina de oro y plata Cerro Vanguardia y los gigantes multinacionales Glencore, Newmont y Yamana que operan la mina de cobre y oro Minera Alumbrera.

El sector funciona a partir del otorgamiento de concesiones por parte de las provincias, que son propietarias del recurso. De hecho, Mendoza, Chubut, Córdoba y San Luis cuentan con legislación que limita o prohíbe la actividad minera, como consecuencia de la presión social en contra del desarrollo de la actividad.

La minería a gran escala tuvo un fuerte impulso desde mediados de 1990 a partir de una baja presión tributaria, estabilidad fiscal y posibilidad de dirimir conflictos legales en tribunales internacionales. De hecho, el sector prácticamente no paga el impuesto al valor agregado y cuenta con un régimen especial para el impuesto a las Ganancias.

Afectadas por la pandemia, las exportaciones mineras bajaron de US$3200 millones a US$2600 millones en 2020. El aporte en términos de valor agregado es muy inferior al peso que tiene en las exportaciones: la contribución de la minería al PBI argentino es de 0,6%, según datos oficiales. En términos de empleo, los puestos registrados directos ascendieron a 9.681 en 2019, el 0,15% del empleo formal en el país.

Nueva apuesta a la minería

El gobierno de Alberto Fernández se propuso incrementar las exportaciones mineras desde los US$3.200 millones de 2019 a US$10.765 millones en los próximos diez años gracias a inversiones por US$25 mil millones de parte de los 34 proyectos de inversión en minería que se encuentran en un estado más avanzado.

Para incentivar al sector, en octubre de 2020 se redujeron los impuestos a la exportación del sector del 12% al 8%. Para 2022 el gobierno baraja un esquema todavía más flexible. Asimismo, en abril se flexibilizó el giro al exterior de utilidades y dividendos para las exportadoras que inviertan más de US$100 millones de dólares.

Los nuevos incentivos se encuadran en el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero (PEDMA), cuya presentación oficial se viene demorando desde hace varios meses. Este programa propone un nuevo abordaje de la minería supuestamente vinculado a la sustentabilidad y al diálogo con los diversos actores de la sociedad, además de que incluye una serie de beneficios adicionales para las mineras..

“La presión tributaria sigue siendo superior a los países que son competencia para la Argentina en cuanto a la producción minera”, indica Luciano Berenstein, director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). El sector reclama al gobierno una nueva reducción de las retenciones, devolución más acelerada del IVA y mayor acceso al mercado cambiario.

Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, sostiene que la minería en la Argentina es junto a hidrocarburos el sector que paga los mayores salarios, además con la tasa de empleo formal más alta de la economía.

Schteingart agrega que “la minería deja en el país mucho más de lo que usualmente se plantea.” Entre 12 y 14 puntos porcentuales de sus ventas se quedan en impuestos, mayormente seguridad social y retenciones, 30 en compra a proveedores y entre 11 y 12 en la masa salarial. Además, una parte de sus utilidades son reinvertidas.

El gobierno celebró el reciente anuncio de la empresa canadiense Lundin, que invertirá US$4200 millones para producir cobre, oro y plata en San Juan. Según estimaciones de la empresa, generará 2500 empleos y 1700 millones de dólares en exportaciones anuales. Entraría en funcionamiento en 2026 y tendrá una vida útil de 19 años.

También la canadiense Barrick Gold junto a la china Shandong Gold anunciaron inversiones para la extensión de la vida útil hasta 2030 de Veladero, la mina de oro más grande del país. La mina Lindero, operada por la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, comenzó a operar este año y así Salta registra por primera vez una mina a cielo abierto.

Por su parte, hay inversiones para ampliar la extracción de litio por parte de los proyectos ya existentes, Orocobre-Toyota y Livent, junto a la próxima puesta en marcha de Cauchari-Olaroz operado por Minera Exar y la inversión de la francesa Eramet para la construcción del proyecto Centenario-Ratones a partir del 2022.

Conflictividad social

A diferencia de lo que plantea el gobierno, las organizaciones ambientalistas no ven cambios a la hora del diálogo social en relación a cómo se desarrolló el sector años atrás.

“Vemos un horizonte de incremento de la conflictividad con las comunidades, porque la minería a gran escala tradicionalmente ha suscitado todo tipo de rechazos a lo largo de las últimas dos décadas, la sociedad civil está organizada y por parte de los gobiernos hay una reiterada incapacidad de escucha y de gestión de los conflictos”, explica Pía Marchegiani, Directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para Marchegiani, los principales problemas pasan por el uso del agua, ya que los proyectos se instalan en las nacientes de las cuencas que más abajo utilizan las comunidades. “Hay una competencia por el recurso”, sostiene.

Esto se da en un escenario de falta de información, sin participación de las comunidades, debilidades institucionales y criminalización de la protesta. De ahí que a la hora de las decisiones, usualmente no quedan más opciones que el rechazo total”, agrega.

Un momento decisivo se dio en 2015, cuando se produjo en el yacimiento de Veladero, San Juan, manejado por Barrick Gold, el mayor accidente de la historia minera nacional. Cinco ríos de las provincia fueron contaminados con metales pesados a partir de la rotura de una válvula.

“Reabrió los debates sobre la incertidumbre inherente a este tipo de proyectos, no sólo en cuanto a sus impactos ambientales, sino en cuanto a la transparencia en la información y la capacidad de control de los gobiernos,” sostiene la investigadora Lucrecia Wagner.

Por su parte, Marcelo Giraud, miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, sostiene que si bien los salarios de la minería son mayores a la media, dichos trabajos no suelen ser para nativos de las provincias sino para migrantes locales e internacionales. “Es bastante relativo que la minería metalífera represente un aporte sustancial a la demanda de empleo de mano de obra local'', agregó.

Así como demanda trabajadores, la minería de gran escala también puede poner en riesgo la continuidad o viabilidad de otras fuentes de trabajo, sostiene Giraud. “Por ello, allí donde esté claro que la sociedad no otorga licencia social a los proyectos mineros, la generación de empleos de ningún modo es un argumento de peso que contrarreste los impactos y riesgos que implica la actividad,” agrega.

Para Nicolás Gutman, responsable del área ambiental del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), “es un error pensar que si se facilitan negocios y se entregan riquezas mineras se va a generar desarrollo”

“No hay capacidad de control de parte de las provincias y las empresas no desarrollan proveedores locales en el área industrial porque pueden traer maquinaria gratis que dejan de usar en otras partes del mundo”, agregó.

A pesar de las preocupaciones de los grupos de la sociedad civil, es probable que el gobierno de Fernández continúe con el nuevo esquema y sus incentivos, con la presentación formal de su plan estratégico, PEDMA, que llegará este año, luego de estancarse en 2021. Informes sostienen que el gobierno buscará lograr un consenso con la sociedad civil antes de la presentación.

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