l gobierno avanzó con la decisión de enviar el proyecto de ley de restricciones sanitarias al Congreso con el objetivo de hacer valer el consenso político y social de las medidas sanitarias. El Poder Ejecutivo envió este lunes la iniciativa con la firma de parte del gabinete y del presidente Alberto Fernández. El número de votos en ambas cámaras se puede deducir del nivel de acuerdo entre todas las jurisdicciones del país en los consejos federales de Salud y Educación, ámbitos en donde la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza quedaron aisladas.
La norma ingresará por el Senado, cámara en la que el oficialismo tiene mayoría. En tanto, en Diputados, el Frente de Todos depende de las alianzas que pueda tejer. El Ejecutivo pretende celeridad en el tratamiento. Y como muestra de acumulación política, señalan al Consejo Federal de Educación, en donde los ministros de esa área de Mendoza y de CABA quedaron solos defendiendo la presencialidad -que encima en la ciudad es parcial porque la secundaria ya es virtual.
Lo mismo pasó con el Consejo Federal de Salud, en donde 22 de los 24 ministros del área acordaron con Nación los parámetros para establecer las cuatro etapas de riesgo. Por lo que el gobierno especula que los legisladores de todas las jurisdicciones oficialistas, más las gobernadas por partidos provinciales y más dos provincias con mandatarios radicales (Jujuy y Corrientes), votarán a favor. La mirada del gobierno, ya no se centran en la posibilidad de que colapse el sistema sanitario, como temían el año pasado, sino que se naturalice que en Argentina haya una alta cantidad diaria de fallecimientos. “Donde hay alarma epidemiológica hay un riesgo más que alto, no queremos normalizar un número alto de personas fallecidas”, explicaron fuentes oficiales.
El estado de alarma sanitaria o epidemiológica establece el pase a la virtualidad de las clases y la exclusión de usuarios del sistema de transporte público que no sean esenciales. El gobierno apuesta a que una vez sancionada la ley, Larreta esté obligado a cumplirla y se deje de insistir con la presencialidad en momentos de alta circulación del virus. “Son medidas lo más quirúrgicas posible para que impacte lo menos posible en la actividad social y económica”, explicaron fuentes gubernamentales.
“Escalonado”, “equilibrado”, fueron las palabras que caracterizaron al proyecto en Casa Rosada. La ley continúa los parámetros del DNU vigente, está dentro del marco normativo actual, que establece cuatro categorías de riesgo: bajo, medio, alto y alarma epidemiológica. A cada etapa le corresponde una serie de restricciones de circulación de personas.
Las etapas ya establecidas en el DNU y ahora en la ley se definen por tres criterios principales, que son la incidencia, la velocidad y la ocupación de camas de terapia intensiva.
El objetivo del proyecto no es que sólo genere consenso dentro del ámbito político y legal, sino que también sea parte de la discusión social. Fuentes oficiales lo presentaron como una forma de empoderamiento ciudadana, ya que genera parámetros objetivos previsibles, tanto para los gobernantes como para la sociedad civil. Evalúan que la sociedad acató de manera mayoritaria las reglamentaciones de los DNU porque internalizó el riesgo en este año de convivencia con el virus.
En Rosada insistían en que más allá de las volteretas de Horacio Rodríguez Larreta, es el Estado nacional el que tiene la obligación de proteger salud y la vida, según la Constitución pero también según pactos internacionales.
El proyecto lleva la firma de los ministros involucrados en la pandemia: Nicolás Trotta, Carla Vizzotti, Sabina Frederic de Seguridad, Alexis Guerrera de Transporte, Claudio Moroni de Trabajo y Eduardo De Pedro de Interior, más la del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el propio presidente. La redacción de los fundamentos estuvo revisada con especial atención por la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra.
Fuente: Tiempo Argentino
