Alejandro Rúa amplió su presentación ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos, donde reclamó la destrucción de los registros hechos por la AFI.
Nacionales09/06/2020
El abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, amplió una denuncia ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) a raíz de las escuchas ilegales a detenidos en cárceles de Argentina y solicitó que se reclame al Estado Nacional la "destrucción de los registros" de dichas comunicaciones.
El letrado reclamó que "se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino respecto de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios", en un escrito presentado ante el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Diego García Sayán.
En su pedido, el abogado aludió a las nuevas denuncias por espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Mauricio Macri, que se hicieron conocidas en las últimas semanas.
Rúa había hecho ya una primera, ahora la amplió y reiteró un pedido de "intervención de esa Relatoría Especial, para que reclame del Estado argentino (i) toda la información necesaria respecto de la violación de derechos denunciada; (ii) la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad, que debe preservarse en todo momento, como un principio que hace a las garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio".
También, mencionó los preceptos del Código de Ética para la abogacía y reclamó que "se promueva la investigación de las violaciones denunciadas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y se adopten medidas contra quienes aparecen como sus responsables".
"En estos días se están haciendo públicas en nuestro país, distintas cuestiones que echan luz sobre la práctica de espionaje ilegal implementada por las autoridades públicas de entonces", explicó el abogado, quien defiende a Amado Boudou, actualmente con prisión domiciliaria en el caso Ciccone.
En las denuncias "se dio cuenta así de las actividades ilegales de un grupo de tareas integrado por unos veinte agentes estatales de inteligencia"
Entre ellos, citó Rúa, "están los nombres que se conocieron estos días: Fernando Melo, abogado e integrante de la AFI hasta 2019; 'el Turco' Jorge Sáez, ex agente del Área 50 del SPF [sobre la que se volverá], con un hermano en actividad en Ezeiza, y Leonardo Arake. Ambos estuvieron en la Policía Metropolitana y luego pasaron a la AFI".
Fuente: Infonews
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