El Gobierno derogó este jueves el decreto de Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado pocos días antes de dejar el poder, y restituyó el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Así lo dispuso a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 168, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete de ministros.
Con ese decreto, el gobierno de Macri intentó darle independencia a esta polémica agencia, que dio resguardo a arrepentidos como Leonardo Fariña, Alejandro Vanderbroele, el ex funcionario José López y el chofer Oscar Centeno para que declararan en causas de alto perfil utilizadas para perseguir a opositores políticos.
“El Programa de protección de Testigos va a entrar en una etapa de revisión y se hará una profunda auditoría y cualquier irregularidad será inmediatamente denunciada”, señaló el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, en diálogo con El Destape Radio.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo recordó que la Cámara Federal de Casación Penal había expresado “su preocupación” por el decreto 795 firmado por Macri el 28 de noviembre de 2019 “'por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales” que tiene ese cuerpo.
Por esa disposición del gobierno de Cambiemos, el sistema contemplado en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, había sido transformado en una nueva dependencia, con estatus de agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo.
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La administración de Fernández argumentó que no existieron circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia para avanzar con esta medida por decreto no por ley, sobre todo cuando el funcionamiento del Programa de Protección a Testigos se mantuvo sin variación durante más de 16 años.
“El decreto de hoy viene a volver el Programa de Protección de Testigos a su lugar natural y ordenar los disparates jurídicos del gobierno anterior. Luego de usufructuarlo de forma irregular, Macri quiso quitar al programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia”, señaló Mena sobre la decisión del Ejecutivo.
“El DNU de Macri estaba fundamentado solo en 2 notas periodísticas que daban cuenta de un supuesto temor de testigos protegido”, sostuvo y destacó el rol del Programa en el pago a Vandenbroele para que se instale un hotel en Mendoza. “Es absolutamente ilegal todo lo que se hizo en el caso Vandenbroele. La ley prevé una serie de medidas como asistencia económica a los testigos protegidos, pero no se vio nunca que eso tenga que ver con instalar un hotel. La ley prevé que no se puede asistir a un testigo más de 6 meses y en este caso, por lo que se conoce periodísticamente, se violó ese período”, señaló.
“El programa de protección de testigos nació para atender la situación de secuestros extorsivos y luego se fue adaptando a casos de lesa humanidad, trata, narcotráfico. Lo que hicieron en los últimos años con el programa de protección de testigos es escandaloso. Hubo testigos protegidos que eran recibidos por Ministros y eso viola la seguridad de los testigos. Tampoco pueden dar entrevistas y ayer Vandenbroele dio tres entrevistas. Las entrevistas de Vandenbroele y Fariña nos muestran que durante el Gobierno anterior nada era serio, hacían todo para determinados medios de comunicación”, agregó.
