El análisis santacruceño de la minería que deja el gobierno de Macri

Economía 15 de diciembre de 2019
En cuanto al volumen de inversión, suman más las minas metalíferas que iniciaron su proceso de cierre -o están en eso-, que los emprendimientos que comenzaron o están cerca de su fase de producción.
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Para el sector minero nacional, el mandato de Mauricio Macri se puede dividir en dos: antes y después del cambio de autoridades para el área en el Gabinete Nacional (a mediados de 2018). Esa modificación no sólo fue un cambio de nombres y cargos, sino también de rumbo político para el sector, que dejó en el camino al tan promocionado Nuevo Acuerdo Federal Minero, que buscaba una nueva forma de recabar la renta minera y marcó -tras las repetidas devaluaciones- la vuelta de las retenciones para la exportación de minerales, que terminaron por enterrar el breve impulso inversor que había dado el cambio de gobierno a fines de 2015.

Los proyectos que ya estaban en marcha continúan a pesar de las variables macroeconómicas negativas -por ejemplo, inflación de más del 50% y el alto nivel de riesgo país-, que no son las más aptas para las inversiones de largo plazo que requieren los grandes proyectos metalíferos, que podrían generar un aporte importante en la balanza comercial, revertir el déficit fiscal y dinamizar economías regionales.

En la continuidad de los emprendimientos se pusieron también en juego otros factores exógenos, como las cotizaciones de los metales y el mercado internacional -aunque no alcanzaron a revertir la inestabilidad internamente y obligaron a bajar las expectativas de crecimiento, en muchos casos-.

Pero más allá de las cuestiones macroeconómicas, de los proyectos mineros más importantes del país en cuanto al volumen de inversión inicial, creación de empleos y proveedores -además de los ingresos por impuestos y la generación de divisas por las exportaciones- que están en carpeta, algunos incluso fueron factibilizados, pero aún no comenzaron su fase productiva, ya que dependen en su mayoría de las especificaciones que se reclaman sobre la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como la “Ley de Glaciares”. De hecho, es hoy para los referentes del sector uno de los desafíos que tiene el nuevo Gobierno de Alberto Fernández, porque aún genera mucha incertidumbre.

Ni la finalización del Inventario Nacional de Glaciares, en mayo de 2018, ni los fallos de la Corte Suprema de la Nación, en junio de este año, sobre dos pedidos de inconstitucionalidad de la norma de empresas mineras hechos en 2011, modificaron el escenario. Al contrario, dejaron más interpretaciones abiertas: por caso, aún resta precisar cuáles de los ambientes periglaciares identificados no comprometen reservas hídricas estratégicas.

En tanto, la intensa agenda electoral de 2019 en todo el territorio nacional puso en stand by los debates que se habían impulsado en las legislaturas de Mendoza y de Chubut para modificar las leyes provinciales prohibitivas para la actividad minera, lo que terminó por profundizar aún más las indefiniciones para los proyectos mineros que ven pasar -de lejos- oportunidades en esos distritos.

Los proyectos más grandes que están condicionados por cuestiones normativas actualmente son los de cobre Altar y Pachón, al igual que Pascua Lama y Los Azules, que además de cobre tienen oro y plata, como Del Carmen y Constelación, en la provincia de San Juan, y otro cuprífero, Agua Rica, en Catamarca. En Chubut se pone en duda el desarrollo del emprendimiento Navidad, que podría ser uno de los yacimientos de planta más grandes del mundo; en Mendoza sigue el rechazo para el desarrollo de San Jorge, otro emprendimiento de cobre, y para Hierro Indio se autorizó la exploración, pero la explotación está por verse.

En cuanto a volumen de inversión, suman más las minas metalíferas que iniciaron su proceso de cierre -o están en eso- durante la administración macrista, que los proyectos que comenzaron o están cerca de su fase de producción.

En Jujuy, se pudo empalmar el cierre de Pirquitas con la apertura de Chinchillas, pero fuera de ese caso no se logró concretar hasta el momento el inicio de ninguno de los emprendimientos que podrían dar continuidad al resto de las minas que están en pleno procedimiento de cierre.

En Catamarca no fue posible que la inauguración de Agua Rica coincidiera con el final de Bajo de la Alumbrera, ni hay nuevas iniciativas concretas que vayan a empalmar con Gualcamayo, que ya bajó sus niveles de producción y, según el Gobierno de San Juan, dio comienzo a su plan de cierre. Casposo, en tanto, que se estima concluya en el mismo plazo, tampoco tiene sustituto. Asimismo, se calcula que las santacruceñas Cerro Vanguardia y Manantial Espejo cerrarán sus operaciones en dos y tres años respectivamente, pero tampoco tienen previsto empalmar con el inicio de otros proyectos similares.

En paralelo, además de Chinchillas, sólo dos proyectos, ambos de oro y plata, empezaron a producir durante el período de gestión de Cambiemos: los santacruceños Cerro Moro y Don Nicolás.

Lindero está a punto de ponerse en marcha y se convertirá en el primer yacimiento de oro de Salta. Pero en ningún caso se trata de proyectos de gran porte como los que están trabados.

Asimismo, el tan nombrado boom del litio todavía está por verse: son más de 50 las empresas que siguen -o se quedaron- en una etapa de exploración, mientras que en actividad solo existen dos proyectos: uno se puso en marcha a fines de los ‘90 en Catamarca y el otro, en 2014 en Jujuy. Hoy la ecuación favorece a Australia: los datos de 2018 revelaron que un 55% del litio que se consume en el mundo viene de ahí.

Fuente: Sabrina Pont - La Opinión Austral

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