La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruti, consideró «admisible» el recurso y la corrió traslado a la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Gustavo Lopetegui, luego de que la cartera le otorgara tres de las zonas a la compañía Tullow Oil.
De acuerdo a los resultados de la licitación dados a conocer el jueves pasado, Tullow se quedó con las áreas MLO-114, MLO-119 y MLO-122. En las dos primeras, cuenta con un 40% de participación e irá como consorcio junto a Pluspetrol y Wintershall y en la tercera, tiene un 100% de participación.
Según advirtió el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) «Tullow operó 7 licencias otorgadas por los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, licencias que terminaron en manos de Rockhopper», la cual está a punto de comenzar la producción comercial de crudo en la Cuenca Malvinas Norte. Tullow está especializada en exploración y explotación offshore. Cuenta con 87 licencias otorgadas en 17 países, la mayoría en África.
Y una de sus directoras, Anne Drinkwater, fue simultáneamente asesora petrolera del gobierno kelper, denunció el Oetec. «Desde julio de 2018, esta señora pasó al directorio de Equinor, precisamente el año en el que se conoció la intención del Ejecutivo argentino de licitar una parte sustancial del offshore», precisó ese centro de estudios.
Por su parte, Equinor es la estatal noruega y adjudicataria de las áreas MLO-121 y MLO-123, junto a Total Austral e YPF.
La presentación que hizo el intendente Melella junto a gremios y partidos políticos señala que a través del concurso el Estado Nacional «entrega unilateral, gratuita e indiscriminadamente información geológica de la plataforma continental argentina», y habilita a presentarse a «cualquier empresa extranjera (inclusive de nacionalidad británica y que operaron en Malvinas bajo el régimen kelper)» lo que representa «una gravísima afrenta a la soberanía nacional».
La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, también anunció que presentará otro recurso de amparo para dejar sin efecto la adjudicación de las áreas hidrocarburíferas en Malvinas.
