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El acuerdo anunciado por el Gobierno de San Juan deberá atravesar el análisis de la Cámara de Diputados. La discusión no será solamente política: los legisladores deberán conocer los términos, compromisos, beneficios y obligaciones asumidos por la Provincia antes de ratificarlo.

La provincia se hará cargo de obras, mantenimiento y conservación por 20 años. Renuncia a recursos que por ley corresponden al Fideicomiso de Infraestructura. Si pone peaje, debe someterse al decreto del Poder Ejecutivo. Queda sin respuesta qué pasará con los trabajadores viales nacionales.

Cada vez que se anuncie una obra, sería interesante que junto al monto de inversión apareciera una segunda cifra: empleos directos. Eso permitiría que los sanjuaninos pudieran evaluar las obras con algo más que fotografías de máquinas trabajando. Porque el problema no es el pavimento. El problema no es el asfalto. El problema tampoco son los trabajadores viales. El problema es creer que toda inversión pública genera la misma cantidad de empleo.

Un exhaustivo análisis periodístico entre las resoluciones de Minería y el Acta Compromiso firmada revela severas inconsistencias jurídicas, pues el Ejecutivo otorgó previsibilidad ambiental al megaproyecto Vicuña omitiendo trámites obligatorios según la legislación provincial vigente.

En San Juan, el Día del Niño dejó una de esas escenas difíciles de ignorar: comerciantes que esperaban una fecha capaz de oxigenar sus cajas y familias que llegaron a los negocios haciendo cuentas antes de elegir un regalo. Hay números que explican una crisis. Y hay escenas que dejan visible el modelo de provincia construido por Marcelo Orrego.