Redacción El Tribuna
Las empresas de transporte colectivo de San Juan, organizadas en ATAP, negaron de forma contundente haber solicitado un aumento del boleto de la primera sección a $1.550. Esta desmentida se realizó mediante un comunicado emitido ayer y firmado por las nueve operadoras de la Red Tulum. En el documento, se refutó la información que circuló recientemente, advirtiendo que dicha cifra es "totalmente insuficiente" para cubrir los costos reales del servicio. Además, la entidad lanzó una crítica hacia el Gobierno provincial por la falta de respuestas a las denuncias sobre desfinanciamiento, afirmando que la difusión de esta solicitud ficticia pretende "enfrentar a las empresas con los usuarios".
El texto, respaldado por los responsables de Albardón, Mayo, El Triunfo, Libertador, Nuevo Sur, Valle del Sol, Vallecito, Alto de Sierra y La Marina , es claro. Afirma: "Desmentimos de manera clara haber solicitado aumentar el boleto a $1.550. Esa petición no proviene de nuestro sector, y la cifra divulgada no cubre los costos reales del servicio". Esta aclaración se produjo tras la difusión en medios que indicaron que ATAP había pedido un incremento del 19,23% para pasar de $1.300 a $1.550.
La versión que ahora se desmiente ganó fuerza en las últimas semanas, argumentando que el pedido surgió tras un análisis de costos luego de los acuerdos salariales parciales con la UTA. Sin embargo, ATAP sostiene que la verdadera solicitud es otra. "Nuestra demanda es por la recomposición de los recursos necesarios para mantener el transporte, cumplir con los compromisos salariales, adquirir combustibles y mantener las unidades disponibles", explican. Aseguran que es responsabilidad del Estado provincial determinar cómo cubrir esos costos, ya sea mediante una nueva tarifa, compensaciones, o una combinación de ambas.
El comunicado también menciona la relación con la Secretaría de Transporte, señalando un "contexto de deterioro" y la "falta de respuestas al desfinanciamiento que hemos estado denunciando". Dentro de este marco, expresan que la difusión de información errónea "busca distorsionar nuestra posición" y constituye "una maniobra manipulativa que afecta tanto a las empresas como a la comunidad sanjuanina". La afirmación más contundente en el texto advierte que se intenta "enfrentar a las empresas con los usuarios".
El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, ya había respondido a los reclamos de las empresas. En recientes declaraciones radiales a 0264 Radio, afirmó que "el Gobierno provincial ha implementado hace dos años el boleto estudiantil gratuito, algo que otros prometieron y no cumplieron". Molina subrayó que el Estado cubre el pasaje de los estudiantes y que no existe un pasaje gratuito de cada diez, como había insinuado el sector e ATAP. "El boleto estudiantil y el trasbordo constituyen un subsidio a la demanda que paga el Gobierno provincial", aclaró.
Las raíces del conflicto son de índole económica y se basan en cifras específicas. Las empresas reportaron deudas estatales que ascienden a aproximadamente $9.750 millones. Este monto corresponde a conceptos como el boleto escolar, beneficios sociales, transbordos, pasajes docentes y mayores costos operativos no reconocidos. En tanto, el Gobierno sostiene que mantiene al día sus obligaciones. La ministra de Gobierno, Laura Palma, dijo tiempo atrás que estaban revisando la estructura de costos tras los acuerdos salariales con los choferes y que evalúan una posible actualización de tarifas, aunque sin cifras ni fechas fijadas.
Un aspecto crítico del conflicto es el boleto escolar gratuito. Los datos del sistema SUBE muestran un aumento considerable en las transacciones. En 2023, se registraron 11.100.000 operaciones anuales. En 2024, con el atributo escolar del 45%, la cifra ascendió a 14.295.000. En 2025, se alcanzaron 19.919.000 pasajes, y las proyecciones para 2026 estiman 25.242.026, lo que representa un 77% más que en 2023. Entre enero y agosto de 2026, ya se contabilizan 22.612.020 pasajes escolares. Las empresas sostienen que el estudio de costos preveía 1,7 millones de viajes escolares mensuales, pero el uso real alcanzó los 3 millones cada mes.
Este desajuste ha alterado la viabilidad financiera del sistema. En 2025, el Gobierno calculó que el costo del boleto escolar sería de unos $500 millones mensuales. El aumento en las transacciones ha generado una brecha económica significativa respecto a lo que estaba presupuestado. Desde la administración provincial se reconoce que el notable crecimiento ha generado preocupaciones y han detectado usos indebidos de las tarjetas que no corresponden a la asistencia escolar, por lo que se han implementado controles más rigurosos en el sistema SUBE.
La paralización de la UTA del 7 y 8 de octubre dejó a San Juan sin servicio de colectivos durante 36 horas, visibilizando las tensiones. Después de siete horas de negociaciones, ATAP y UTA lograron un acuerdo que incluyó un pago de $324.000 por chofer y un incremento salarial del 10,5%. El 15 de octubre, sumaron otro pago extraordinario de $60.000 no remunerativos. Sin embargo, aún permanecen diferencias salariales en los meses de mayo, junio, julio y agosto sin resolver.
Finalmente, el comunicado de ATAP concluye con un claro requerimiento. "Exigimos la rectificación de la información divulgada y respuestas concretas sobre el problema central: el financiamiento del transporte público en San Juan". La responsabilidad ahora recae en el Gobierno provincial. Los empresarios han negado haber solicitado $1.550, y afirman que la cifra adecuada es otra. Hasta la fecha, no hay una decisión oficial que confirme una nueva tarifa.
