Daniel G. Solar
El Ministerio Público Fiscal de San Juan, que conduce el ex diputado nacional basualdista Guillermo Baigorrí, formalizó el miércoles pasado la imputación contra 11 personas por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, entre ellas el diputado nacional Cristian Andino y el senador, exgobernador, Sergio Uñac, en una causa que la defensa del legislador compara con el lawfare de Comodoro Py y la causa Vialidad. La audiencia, fijada ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, quedó suspendida por la ausencia de los legisladores, que alegaron labor parlamentaria, y se reprogramará en un plazo no menor a 10 días hábiles.
La causa arrancó en diciembre de 2025 con una denuncia del abogado Marcelo Arancibia por las contrataciones, los precios de los materiales y la calidad de las cañerías del acueducto. El expediente llegó a esta instancia después de casi 11 meses de investigación. Entre los notificados aparecen los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós; el exministro Julio Ortiz Andino; el juez laboral Humberto Caballero y el empresario Gustavo Mastelono, vinculado a Krah América Latina.
El abogado del senador Uñac, Marcelo Fernández, planteó en un entrevista en Radio Sarmiento que la causa "es el emblema de la persecución política". Sostuvo que hay "una selección, hay una decisión de investigación selectiva" y que funcionarios del gobierno actual que tuvieron "una participación absolutamente, estrictamente necesaria en esta obra, en carácter de directores" no fueron citados ni siquiera como sospechosos. "Eso nos hace sospechar que cuenta con un respaldo del gobierno actual que impide que lleguen hasta ahí", dijo.
El nombre que sobrevuela esa sospecha es el de José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE. Según la defensa, Beltrán fue gerente de Obras del ente durante el seguimiento del proyecto y no figura entre los 11 notificados. La causa, además, tampoco involucra al exgobernador José Luis Gioja, que gobernaba San Juan cuando Andino presidía OSSE, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015.
Ahí está el nudo argumental de Fernández. Si Gioja no fue citado cuando era gobernador, sostiene, es porque OSSE es un ente autárquico y las licitaciones no dependen del Ejecutivo provincial. "El ente es autárquico y a partir de ahí toma definiciones y decisiones. Ahora, ¿un gobernador puede estar ausente de esas decisiones? Pero por supuesto", afirmó. Con esa misma lógica, Uñac tampoco debería estar imputado. "No puede existir responsabilidad penal de un exgobernador como máxima autoridad de la provincia sobre las contrataciones que se pueden llegar a dar o no en un ente autárquico. Para eso están las autoridades. Cada autoridad deberá responder".
La defensa de Andino suma otro argumento temporal. El diputado dejó la presidencia de OSSE en diciembre de 2015, y los pliegos principales, las ampliaciones contractuales y las compras de insumos que se investigan se ejecutaron durante la gestión de Uñac, entre 2015 y 2023. Al momento de los hechos centrales, Andino ya era intendente de San Martín y después candidato a vicegobernador y diputado nacional. La Fiscalía, en cambio, incluyó en bloque a todos los expresidentes de OSSE desde el diseño preliminar del megaproyecto para deslindar en la instrucción en qué momento se originaron los vicios.
El otro frente es la jurisdicción. El abogado Nasser Uzair (defensor de Sergio Ruiz, expresidente de OSSE, y de Guillermo Sirerol y Juan Sánchez) presentó una declinatoria para que la causa pase a la justicia federal, con el argumento que el financiamiento de la obra y la posición de garante del Estado Nacional colocan la investigación en el fuero de excepción. Fernández adelantó que adherirán. "Comparto esos argumentos", dijo, y explicó que, si existiese "una defraudación contra la administración pública, sería contra la administración pública nacional, y no provincial".
El planteo ya tuvo un primer movimiento: Daniel Rafecas, juez federal, con sede en Comodoro Py, dio ingreso a la inhibitoria y ordenó requerir información a la UFI de Delitos Especiales y a la jueza María Mónica Lucero antes de la audiencia para determinar la cuestión de competencia. Fernández contó que habló con el doctor Nasser Uzair, y que el planteo "debería tener acogida". La jueza Lucero deberá resolverlo. La causa podría terminar en los foros federales, que es exactamente donde la defensa quiere llevarla.
El abogado también apuntó contra el procedimiento. Dijo que la presencia de los legisladores era "hasta caprichosa" porque el Código Procesal Penal permite seguir con la audiencia sin el imputado, y que la fiscalía insiste en que estén todos sentados frente a una cámara. "Por estas cuestiones o decisiones casi caprichosas del Ministerio Público Fiscal se va dilatando el proceso. Y después, esa dilación recae sobre nosotros", sostuvo. Y anticipó el final de la película: "En determinado momento, los abogados vamos a ser finalmente los ogros o los malos de la película que estamos dilatando un proceso".
La comparación con la causa Vialidad no es antojadiza. En el fuero federal, la fiscalía englobó a toda la cadena jerárquica de la obra pública y la instrucción acumuló un poder decisorio desmedido antes del debate oral. En San Juan rige el sistema acusatorio, con una jueza de Garantías que no investiga, pero la lógica de imputación en bloque y la sintonía con el calendario político muestran un parecido que incomoda. La causa tomó impulso con el cambio de gestión provincial, de Uñac a Marcelo Orrego, y se convirtió en la insignia del oficialismo para señalar la corrupción de las administraciones anteriores.
Uñac no declarará hasta conocer formalmente la imputación. "Está absolutamente tranquilo", dijo Fernández. El senador ya había expresado por escrito su intención de no hacer manifestaciones en la audiencia de ayer. La pregunta que queda flotando es la misma que el propio abogado puso sobre la mesa: si hay persecución política o si hubo corrupción. La justicia sanjuanina tendrá que determinarlo. Mientras tanto, la sombra de Comodoro Py se estira sobre Tribunales.
