Vicuña paga U$S 250 millones, pero la DIA que Orrego da por cerrada no cubre todo el megaproyecto

El gobernador Marcelo Orrego envió a la Legislatura un pacto con la empresa Vicuña Argentina  -la sociedad que integran BHP y Lundin Mining-  por el cual la minera pone sobre la mesa 250 millones de dólares. A cambio, el gobierno provincial da por zanjada una pelea administrativa que venía desde 2022 por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Josemaría. El objetivo declarado: dar certeza jurídica a la iniciativa y destrabar el capítulo eléctrico que todavía tiene la soga al cuello.

El acuerdo se firmó el 5 de agosto y se instrumentó por decreto. Ahí, la empresa se compromete a desistir de los recursos que presentó contra dos exigencias de la DIA: el requerimiento 121 y el punto 64 de una actualización aprobada este año. Esos requisitos le pedían obras hidráulicas, planes de reforestación y aportes a comunidades.

Con el dinero sobre la mesa, la provincia cancela todas esas obligaciones por cinco años. A partir del sexto, se suma un aporte del 1,5% sobre las ventas brutas. Las regalías, en tanto, quedan fijas en el 3% por toda la vida útil de la mina. Ese dinero se manejará por medio de un fideicomiso, a cargo del Banco de San Juan y con control mixto, y se usará en obras públicas. Pero hay detalles que levantan polvo.

La DIA que se discute fue aprobada en abril de 2022 para el yacimiento Josemaría, en una escala menor a la que se proyecta hoy. No cubre la expansión hacia Filo del Sol ni la unión de ambos emprendimientos bajo una sola estructura. El Informe Técnico NI 43-101 sobre la Evaluación Económica Preliminar del Proyecto Vicuña Argentina y Chile, presentado ante la Asociación Canadiense de Administradores de Valores (CSA) en marzo de 2026 lo dice claro: los estudios ambientales para el proyecto integrado todavía se están elaborando. Falta una DIA unificada. Es decir, lo que el gobierno dice "cerrar" no es la documentación que necesita el megaproyecto tal como se piensa hoy.

Hay más. La Ley Bases 27.742 elevó el tope de regalías provinciales del 3% al 5% para proyectos que no habían empezado construcción. Sin embargo, el pacto le garantiza a la minera el 3% por cincuenta años, por debajo del límite legal nuevo. La propia Vicuña reconoció ese dato ante los Administradores Canadienses de Valores, meses antes de firmar.

Surgen entonces preguntas que nadie respondió todavía: ¿la Cámara de Diputados de San Juan perdió la potestad de sanción de las leyes que fijan, modifican o regulan las alícuotas y el destino de las regalías mineras? ¿ingresó algún proyecto de ley para transferir al Ejecutivo el poder de negociar con Vicuña la alícuota del 3% por 50 años? ¿El tratamiento legislativo volverá a ser sobre Tablas para eludir la discusión en las comisiones? Si no hay “letra chica”, como dijo Achem, ¿porqué el Ejecutivo decidió sobre un tema que si o si debe reglamentar la Legislatura?

El pacto tampoco resuelve todo lo que tiene que ver con la electricidad. El proyecto necesita 260 megavatios en una primera etapa, y hasta 738 cuando esté completo. Para eso hay que construir una línea de 500 kV entre Rodeo y Chaparro. El ente nacional que regula la energía le dio a la empresa la prioridad sobre esa infraestructura apenas diez días antes de que se firmara el acuerdo. El convenio con la provincia no menciona esa línea ni una sola vez. Son dos caminos separados, aunque los tiempos parezcan coincidir. 

Desde el punto de vista legal, hay normas que no se pueden cambiar con una firma. La Ley General del Ambiente y la Ley de Protección de Glaciares son de orden público. Ningún acuerdo entre un gobierno y una empresa puede saltarse los pasos obligatorios de una evaluación de impacto ambiental. El gobernador, además, no es la autoridad técnica que debe aprobar esas declaraciones. La ley provincial marca un camino que no se puede saltear: estudio, informe del organismo ambiental, consulta pública, dictamen jurídico y resolución final. Un arreglo político no reemplaza ese trámite.

Tampoco desaparecen las responsabilidades. Si se avanzara sin la documentación completa, los funcionarios podrían enfrentar cargos. Hay artículos del Código Penal y de leyes ambientales que prevén penas para quien autorice obras saltándose las normas. La Legislatura, por su parte, tiene la facultad de interpelar y hasta juicio político al gobernador si se comprueba que se arrogó funciones que no le corresponden.

Lo que falta resolver no es poco. El informe ambiental unificado que todavía no existe tendrá que analizar el agua para toda la vida de la mina, el impacto sobre zonas cercanas a glaciares, el manejo de residuos con arsénico y los efectos de infraestructura que corre por dos países. Nada de eso se soluciona con un cheque de 250 millones de dólares. El dinero puede ayudar a obras públicas. Pero no puede sustituir un estudio serio. Ni puede borrar preguntas que, por ahora, siguen sin respuesta.