Daniel G. Solar
La incertidumbre vuelve a instalarse en las paradas de colectivos de San Juan. Lo que comenzó como una tensa expectativa en los despachos oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó por confirmarse como un conflicto abierto: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan lanzó un paro total de actividades para el próximo jueves 14 de mayo. La medida, que afectará a todas las líneas de corta y media distancia de la provincia, comenzará a las 00:00 horas del jueves y se extenderá por 24 horas, bajo la modalidad de "sin asistencia a los lugares de trabajo".
El anuncio se dio a conocer minutos después de que finalizara una audiencia clave en el Ministerio de Capital Humano, donde los representantes sindicales y los directivos de la Asociación Transporte de Pasajeros (ATAP) no lograron acercar posiciones.
El secretario general de la UTA local, Marcelo Maldonado, fue tajante al señalar que el diálogo y la paciencia se agotaron frente a lo que consideran un incumplimiento sistemático de los acuerdos salariales firmados en marzo de este año.
El núcleo del conflicto reside en una brecha que parece insalvable. Según denunció la comitiva sindical liderada por Jorge Kiener y el propio Maldonado ante el secretario de Conciliación, Guido Arocco, los choferes de San Juan están percibiendo sus haberes de acuerdo con las escalas salariales de noviembre de 2025.
En un contexto inflacionario que no da tregua, trabajar con valores de hace medio año es, para el gremio, una situación de vulnerabilidad extrema. "El salario posee carácter alimentario y constituye una garantía básica e irrenunciable", sostuvieron los representantes de la UTA durante en el acta oficial, denunciando además descuentos salariales que agravan la situación de los trabajadores.
Para el sindicato, no se puede permitir que el sistema de transporte se sostenga "a costa del descuento del salario", transfiriendo las consecuencias de la crisis exclusivamente sobre el personal y sus familias.
Del otro lado de la mesa, la posición de ATAP, encabezada por su presidente Ricardo Salvá, no fue menos dramática. La cámara empresaria sanjuanina dejó asentada la imposibilidad material y financiera de afrontar las obligaciones emergentes del acuerdo salarial suscripto el pasado 12 de marzo.
El argumento central de las empresas es el desfasaje entre el costo real del servicio, marcado por el aumento de combustibles, repuestos y mantenimiento, y los ingresos que perciben por tarifas y subsidios. Los empresarios revelaron que las diferencias salariales de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 fueron afrontadas mayormente con recursos propios, ante la insuficiencia de los aportes provinciales.
En el escenario actual, aseguran que solo se pudo cubrir la diferencia correspondiente al mes de marzo de 2026, quedando pendientes de resolución los fondos para enero, febrero y abril.
Para ATAP, la llave para destrabar el conflicto está en el Centro Cívico. Durante la audiencia, los empresarios solicitaron un "cuarto intermedio" para mantener una reunión urgente con el Gobierno de San Juan y gestionar las herramientas económicas necesarias para cumplir con lo pactado. Sin la transferencia efectiva de fondos adeudados por el Estado Provincial, sostienen que cualquier acuerdo es una promesa vacía.
Un dato no menor es la naturaleza del encuentro. La audiencia se realizó en el ámbito de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo en Buenos Aires. Esta instancia federal, si bien sirve de mediadora, pone de relieve que la resolución definitiva no depende de una decisión administrativa nacional, sino de la muñeca política y financiera de la provincia de San Juan, que no participó activamente de esta última acta en términos de compromiso inmediato de fondos.
El funcionario actuante, Guido Arocco, instó a las partes a "extremar esfuerzos" para buscar alternativas antes de que se consume la medida de fuerza. Sin embargo, la UTA ya notificó formalmente la retención de tareas, fundamentando la decisión en la necesidad de resguardar la "dignidad y las condiciones mínimas de subsistencia" de los choferes.
Mientras los miles de usuarios sanjuaninos comienzan a reorganizar su jornada del jueves, que se prevé caótica para el comercio, la administración pública y el sistema educativo, el ministerio de Capital Humano fijó una nueva audiencia virtual para el viernes 15 de mayo a las 13:00 horas.
Para ese entonces, el paro ya habrá tenido lugar, a menos que un giro inesperado o una conciliación obligatoria de último momento dictada por la autoridad laboral sanjuanina logre frenar la inacción. Por ahora, el mensaje del gremio es de firmeza: "responsabilizamos a todos los actores por su falta de respuestas y por alterar la paz social", reza el comunicado de prensa emitido por la seccional local.
La crisis del transporte en las provincias argentinas parece haber encontrado en San Juan su punto de ebullición. Entre salarios que no alcanzan y empresas que aseguran estar al borde de la quiebra, el ciudadano queda, una vez más, a pie en medio de una disputa donde los fondos públicos no terminan de aparecer para aceitar un sistema que cruje en cada rincón de San Juan.
