Alejandro Sánchez
El referente gremial de los trabajadores postales puso voz en Elemento FM a un drama que ya no se mide solo en porcentajes macroeconómicos, sino en familias que se quedan en la calle. El diagnóstico es negativo: catorce trabajadores de Correo Argentino, entre administrativos y distribuidores, fueron despedidos en una maniobra que el dirigente calificó como "un avance decidido hacia el desmantelamiento de un servicio esencial para la soberanía y la conectividad del territorio".
El impacto de las decisiones del gobierno nacional, bajo el modelo de Javier Milei, ha dejado de ser una amenaza retórica para transformarse en una realidad terrorífica. Según relató el entrevistado, los despidos no discriminaron antigüedad ni funciones; fueron realizados "totalmente bilateral" mediante telegramas que llegaron como una respuesta intimidatoria a los reclamos legítimos por salarios dignos. Para quienes caminan las calles repartiendo correspondencia, la situación es insostenible: un sueldo de base de 700 mil pesos se ha vuelto una cifra imposible de sostener frente al costo de vida actual, especialmente cuando las paritarias se imponen de manera unilateral. "No puede ser que para el mes de abril tuviéramos un 1.7 de aumento, una locura que significa apenas 10 mil o 12 mil pesos", sentenció con indignación.
Esta decisión también marca una disminución significativa del funcionamiento de la institución. La falta de insumos y el uso de elementos obsoletos han convertido la tarea diaria en una carrera de obstáculos. La empresa, en lugar de proveer las herramientas necesarias, ha optado por responsabilizar a los propios trabajadores de la demora en la entrega de paquetería y cartas.
La gravedad del hecho radica en que el conflicto ha pasado de las asambleas a una medida de fuerza contundente. Para el lunes y martes de la semana que viene, se ha ratificado un paro total de actividades en respuesta a lo que consideran una "barbaridad" administrativa y salarial. Los trabajadores se encuentran firmes, movilizados por el miedo a que los 14 telegramas actuales sean solo la punta del iceberg de una ola mayor de cesantías. Mientras tanto, el diálogo con el gobierno nacional permanece cortado, con una empresa que prefiere la intimidación legal a la mesa de negociación.
