Redacción El TribunaEl Senado de la Nación iniciará el tratamiento de la reforma de la ley de Salud Mental en un plenario de comisiones que pondrá en discusión cambios sensibles en el abordaje de estas problemáticas. La iniciativa, promovida por el Gobierno nacional, introduce modificaciones que incluyen la autorización de internaciones no voluntarias y la incorporación de las adicciones como parte integral de las políticas de salud mental.
El debate se llevará a cabo en un encuentro conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General, donde el oficialismo buscará avanzar con un proyecto que redefine aspectos clave del sistema vigente desde 2010. Uno de los puntos centrales es la flexibilización de los criterios de internación: el texto reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” para la persona o terceros, habilitando así intervenciones sin consentimiento del paciente en determinadas circunstancias.
Además, el proyecto establece que las internaciones involuntarias deberán ser notificadas a la Justicia en un plazo de 24 horas, con el envío de la documentación correspondiente dentro de las 48 horas siguientes. A su vez, mantiene el principio de que la internación debe ser un recurso excepcional, priorizando otras alternativas terapéuticas siempre que sea posible.
Otro eje relevante es la inclusión del consumo problemático de sustancias dentro del campo de la salud mental. La iniciativa propone abordar las adicciones como enfermedades, lo que implicaría el desarrollo de dispositivos específicos de atención, tanto ambulatorios como de internación, bajo criterios clínicos y personalizados.
El texto también otorga mayor peso a la evaluación médica, en particular al rol de los psiquiatras, dentro de equipos interdisciplinarios que seguirán siendo responsables de los tratamientos. Esta redefinición del enfoque genera debate, ya que implica un corrimiento respecto del modelo actual, que prioriza una perspectiva más integral y comunitaria.
La propuesta cuenta con el respaldo de familiares de personas con adicciones, quienes consideran que la legislación vigente resulta insuficiente para abordar estos casos. Sin embargo, enfrenta el rechazo de sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles retrocesos en materia de garantías individuales.
En este escenario, el Senado abre una discusión que combina aspectos sanitarios, jurídicos y sociales, y que promete generar un intenso debate político en torno al equilibrio entre derechos, tratamientos y políticas públicas.
Fuente: Agencia NA
