Francisco Otiñano
La convivencia entre la actividad minera y la preservación de los recursos naturales atraviesa un foco de conflicto en el límite entre San Juan y La Rioja. Una resolución de la justicia riojana ordenó poner en suspenso las tareas de explotación del proyecto Vicuña por un plazo de 30 días. Santiago Azulay, Secretario de Ambiente de La Rioja, aclaró que la medida no busca prohibir la minería, sino garantizar que la empresa presente los estudios de impacto ambiental correspondientes a la jurisdicción riojana, dado que el yacimiento se encuentra a escasos 700 metros de la frontera física.
El planteo de la vecina provincia se centra en que, si bien el proyecto se asienta en territorio sanjuanino, sus efectos sobre el ecosistema no respetan los límites políticos. Azulay advirtió que el emprendimiento contempla un campo de pozos para extraer agua de cuencas que alimentan el Valle del Bermejo. “Es natural, lógico y legal que pidamos el estudio de impacto ambiental para evaluarlo”, afirmó el funcionario, fundamentando que la autoridad administrativa sanjuanina no tiene competencia sobre los impactos producidos en suelo riojano. Para Azulay, la postura de la empresa es “prácticamente infantil” al negar que las voladuras y la actividad en el "open pit" afecten la flora, fauna y cuencas vecinas.
La resolución judicial, dictada por una jueza civil, comercial y de minas con jurisdicción en la zona afectada, también prohíbe el tránsito de camiones y camionetas por el camino de Huandacol. Este corredor es una pieza fundamental de la logística del proyecto y atraviesa una reserva provincial en gran parte de su recorrido. Según el secretario, la situación escaló luego de que la autoridad sanjuanina aprobara la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación sin que se renovaran los permisos específicos requeridos por La Rioja para el uso de sus vías y recursos.
“El ambiente no reconoce límites políticos, el ambiente es uno solo”, remarcó Azulay, subrayando que la desobediencia a la orden judicial podría derivar en consecuencias penales para los responsables del proyecto. El funcionario insistió en que no existe una enemistad con la provincia de San Juan ni una oposición ideológica a la minería, sino una responsabilidad constitucional de defender el patrimonio natural riojano. La suspensión podría levantarse de inmediato si la empresa accede a presentar la documentación técnica solicitada antes de que expire el plazo de un mes
