Daiana Coria
El gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, puso en marcha un ambicioso plan de control fronterizo que busca frenar el ingreso irregular de migrantes y combatir el crimen organizado en la zona norte del país. A pocos días de asumir, el mandatario ya dio inicio a las obras en la frontera con Perú, cumpliendo así una de sus principales promesas de campaña.
El proyecto contempla la construcción de zanjas de tres metros de profundidad y ancho, vallados de hasta cinco metros de altura y la implementación de tecnología de vigilancia como sensores térmicos, radares y drones. En una primera etapa, se prevé intervenir unos 30 kilómetros, con un plazo estimado de 90 días, aunque el objetivo a largo plazo es extender el control a más de 500 kilómetros de frontera.
Las tareas son ejecutadas por el Ejército de Chile en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, en un despliegue que ha sorprendido por su rapidez. “Todo este despliegue en la zona norte ya era algo que se esperaba por parte de la ciudadanía, pero la velocidad en que se está implementando es lo que causa sorpresa”, explicó la periodista Bárbara Paillal desde Chile.
El endurecimiento de las medidas migratorias cuenta con respaldo en distintos sectores políticos, incluso dentro de la centroizquierda. Partidos como el Socialista y el PPD han manifestado su acuerdo con reforzar tanto las barreras físicas como los controles tecnológicos para limitar el ingreso irregular y delitos asociados, como el contrabando.
Según datos oficiales, en Chile hay más de 337 mil extranjeros en situación irregular, lo que representa un desafío central para la actual administración. En ese marco, el gobierno ya trabaja en un plan de expulsiones que podría involucrar a más de 300 mil personas, mediante operativos que incluirían vuelos comerciales y de las Fuerzas Armadas.
El avance de estas políticas se da en un contexto de creciente preocupación social por el aumento del delito. En los últimos años, se han registrado hechos vinculados al crimen organizado, como sicariatos, que no eran habituales en el país. “Ha habido un alza en los delitos más gravosos, con bandas de crimen organizado que han entrado a nuestro país”, señaló Paisal, quien además indicó que algunos de estos casos están vinculados a organizaciones como el Tren de Aragua.
En paralelo, el gobierno también inició trabajos en la frontera con Bolivia, específicamente en el paso de Colchane, donde se construyen nuevas zanjas como parte del mismo plan de contención.
A nivel regional, la estrategia genera expectativa por la necesidad de coordinación con países vecinos. Si bien desde Perú señalaron que Chile puede avanzar con las medidas siempre que respete su soberanía, aún persiste la incertidumbre sobre cómo se abordará la crisis migratoria de manera conjunta, especialmente tras perder fuerza la propuesta de un corredor humanitario impulsada inicialmente por Kast.
En el plano económico, la administración también enfrenta un escenario complejo. Desde el Ministerio de Hacienda advirtieron que recibieron una situación fiscal ajustada, con bajos niveles de recursos disponibles, lo que obligará a implementar medidas “difíciles” en el corto plazo.
Con un enfoque definido como “gobierno de emergencia”, la gestión de Kast avanza simultáneamente en seguridad, migración y economía, en medio de una creciente expectativa —y preocupación— por el impacto de las decisiones que se tomarán en las próximas semanas.
