Daniel G. Solar
Tras más de ocho horas de una negociación que por momentos pareció estancada en un laberinto de números y porcentajes, las luces del Ministerio de Educación finalmente permitieron vislumbrar un principio de movimiento. No hubo humo blanco definitivo, pero sí un documento concreto: el acta de la séptima sesión de la paritaria docente de 2026.
El Gobierno de Marcelo Orrego puso sobre la mesa dos opciones de incremento, pero los sindicatos, cautos ante el complejo escenario económico, decidieron no firmar y trasladar el debate a los mandatos escolares.
La jornada comenzó pasadas las 15:30. En la cabecera, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el titular de la cartera económica, Roberto Gutiérrez, lideraron la representación del Estado con una premisa clara: ofrecer lo máximo posible dentro de una "situación fiscal" que el propio acta define como delicada. Del otro lado, las conducciones de UDAP, UDA y AMET llegaron con el mandato de no perderle pisada a la inflación, en un contexto donde el poder adquisitivo de los maestros sanjuaninos es el termómetro social de la provincia.
La propuesta oficial se bifurcó en dos caminos técnicos, pero con un objetivo común: inyectar fondos tanto al valor índice —que impacta en todo el escalafón— como a códigos específicos que benefician a quienes están frente al aula.
La Opción 1 se presenta como una oferta de impacto inmediato y mediato. Propone un incremento del 5% al valor índice para marzo (tomando como base diciembre de 2025), sumado a una suba de 6 puntos en el código A01 (nomenclador docente) y otros 6 puntos en el código E60. Sin embargo, el "anzuelo" más fuerte de esta alternativa es un bono extraordinario de 120.000 pesos, a liquidarse el 15 de abril. El esquema se completa con subas escalonadas en mayo (2% de índice y puntos en códigos) y junio (3% de índice), coronado con una cláusula de revisión o "gatillo" sujeta a la evolución de la economía provincial.
Por su parte, la Opción 2 prescinde del bono de 120 mil pesos pero apuesta a un fortalecimiento mayor de los puntos fijos. Si bien mantiene el 5% de incremento al índice en marzo, distribuye la mejora en el código E60 entre marzo y abril (5 puntos en cada mes), buscando una consolidación salarial que, a la larga, impacta en el aguinaldo y otros ítems remunerativos de manera más estable que un bono por única vez.
Un punto que no pasó desapercibido en el acta de la sesión N° 7 es la mención explícita a la "Ley de Modernización Laboral". Los representantes sindicales, encabezados por Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Persichella (AMET), dejaron constancia de que el análisis de las propuestas gubernamentales no puede ser lineal. "Dado el contexto peculiar que representa la vigencia de la ley de modernización laboral, pondremos las propuestas a consideración y consulta de nuestras bases", reza el documento oficial.
Este condicionante nacional parece haber teñido de incertidumbre la mesa de negociación. La prudencia gremial responde a la necesidad de no aceptar condiciones que luego, bajo el nuevo marco normativo, puedan quedar desfasadas o vulnerables. Los docentes, históricamente el sector más movilizado de San Juan, esperan ahora el llamado a los plenarios y asambleas en las escuelas para decidir qué opción les permite llegar a fin de mes con menos angustia.
Más allá de los porcentajes y los códigos A01 o E60, la negociación tocó una fibra sensible para los docentes de los departamentos. El Ejecutivo se comprometió a comenzar a trabajar, a partir del segundo semestre, en el estudio de los "radios docentes" 4, 5, 6 y 7. Se trata de un reclamo histórico: la recategorización de las zonas en las que se desempeñan los maestros.
No es lo mismo dar clases en el microcentro que en las zonas rurales de Jáchal o Caucete, departamentos que fueron mencionados específicamente en el acta para ser evaluados. El costo del transporte, el desgaste de los vehículos y las condiciones de acceso hacen que el ítem zona sea vital para el salario real. El compromiso de revisión fue una de las pocas concesiones "extra salariales" que los gremios lograron arrancar en esta maratónica jornada.
Al salir del Ministerio, el ambiente era de una tensa calma. No hubo apretones de manos celebratorios ni fotos de unidad. Las firmas que estampan el acta reflejan una tregua administrativa hasta el próximo lunes 16 de marzo a las 14:00 horas. Ese día, los sindicatos volverán al Centro Cívico con la respuesta de los docentes.
La estrategia del Gobierno parece ser la de "dividir para reinar" a través de las dos opciones, obligando a los gremios a un ejercicio de análisis financiero interno. ¿Preferirán los maestros el alivio inmediato del bono de 120 mil pesos de la Opción 1, o se inclinarán por la solidez a largo plazo de los puntos fijos de la Opción 2? La respuesta no es sencilla en una economía que no da respiro.
Para el ciudadano común, y especialmente para los padres de los miles de alumnos sanjuaninos, el "cuarto intermedio" significa otro fin de semana de incertidumbre respecto a la continuidad del ciclo lectivo. Si bien no se han anunciado medidas de fuerza, el hecho de que las bases deban decidir pone al Gobierno en una posición de espera vigilante.
Esta paritaria es diferente a las anteriores. No solo se discute dinero, se discute el modelo de trabajo docente bajo las nuevas leyes nacionales y la capacidad de resistencia de un sector que se siente, una vez más, en la primera línea de fuego de la crisis económica.
El lunes, cuando el sol de la tarde pegue sobre las ventanas del Ministerio de Educación, se sabrá si San Juan logra la paz escolar o si la brecha entre lo que el Estado ofrece y lo que el docente necesita sigue siendo, lamentablemente, demasiado ancha. Por ahora, todo está en manos de las bases, de ese maestro que hoy, tiza en mano o frente a la pantalla, hace cuentas en el margen de su cuaderno de bitácora para ver cómo estira el sueldo hasta el próximo mes.
