Daiana Coria
En la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza, más de 3.000 familias permanecen sin acceso a agua potable desde hace 25 días. La crisis se originó a raíz de la quiebra de la unión vecinal que administraba el suministro en la isla del río Diamante. Ante la acumulación de deudas y el corte del servicio eléctrico que alimenta las bombas de agua, los vecinos se quedaron sin agua y comenzaron a organizar protestas que fueron reprimidas por la policía, dejando al menos a una mujer lesionada según videos difundidos en redes sociales.
Para entender las causas y las responsabilidades detrás de esta situación, Elementos FM dialogó con Mario Vadillo, abogado especialista en consumo y presidente del Partido Verde de Mendoza, quien detalló cómo se generó esta crisis: “Desde hace aproximadamente un año y medio han aumentado muchísimo las tarifas eléctricas, y entonces esta unión vecinal, de repente, se vio con que tuvo que aumentar los precios, que se le empezó a generar deuda, y la distribuidora eléctrica de acá de Mendoza le cortó el servicio, que es el servicio eléctrico que alimenta las bombas para el barrio. Entonces, con eso quedaron sin agua”.
Vadillo también señaló la gravedad de que familias que cumplen con sus pagos se vean afectadas por la deuda de otros: “Es de locos que porque hay usuarios que no pagan se le esté cortando el servicio a los que sí pagan, que son 3.000 familias. Y no obstante todo, recordemos que el agua es un derecho humano que se tiene que proveer a todos por igual”.
El dirigente explicó además que el ente de control encargado de supervisar la unión vecinal, DIRCAS, no ha intervenido de manera efectiva, lo que permitió que la crisis se agravara: “Si este ente de control evidentemente no lo ha hecho y ha dejado que se genere en estas deudas sin intervenir la unión vecinal, ahora va a tener que proceder a intervenirla porque el usuario que paga tiene que tener el servicio”.
La situación escaló hasta la represión policial durante las protestas de los vecinos que reclaman agua, un hecho que Vadillo condenó con dureza: “No se puede a gente que pide el agua darle palos. Imaginate vos, vas a pagar tu servicio de agua, no te lo dan y encima te dan un garrotazo”.
Respecto a las acciones legales que podrían iniciarse para garantizar el suministro, Vadillo explicó el marco constitucional y legal que respalda a los vecinos: “Habrá que iniciar las acciones legales como de protección. El artículo 41 de la Constitución prevé un ambiente saludable, el 42 la protección de los usuarios del trato digno y el 43 prevé las acciones colectivas para reclamos, son las que se necesitan para que esta gente pueda tener un amparo, una acción de tutela preventiva para que puedan proveerle el agua”.
Por último, el dirigente enfatizó la responsabilidad del Estado provincial frente a esta crisis: “Estos son servicios básicos que presta el Estado, no los prestan los privados. Los privados los pueden prestar como una concesión, pero son servicios públicos de gestión privada pero estatales. Si la unión vecinal está quebrada, va a ser el propio Gobierno el que va a tener que proveer el servicio”.
La falta de agua potable pone en riesgo la salud de la población, obligando a los vecinos a recurrir a agua de acequias contaminadas, lo que aumenta la probabilidad de enfermedades y complicaciones sanitarias.
