La jueza Martina Forns hizo lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato SEVINA y suspendió por seis meses la aplicación del decreto presidencial que ordenaba la disolución del organismo vial.
Nacionales18/07/2025
Daiana Coria
La jueza federal Martina Forns ordenó suspender por seis meses la aplicación del decreto presidencial 461/2025, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida responde a una acción cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), uno de los gremios que representa al personal del organismo.
En su resolución, la titular del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°2 de San Martín argumentó que la norma firmada por el presidente Javier Milei podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales”, lo que configuraría un daño “inminente e irreparable”.
La magistrada cuestionó en particular el artículo 32 del decreto, al considerar que afecta la estabilidad laboral de los trabajadores y vulnera convenios colectivos vigentes, normas constitucionales y tratados internacionales, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A su juicio, la norma “viola de forma manifiesta los derechos laborales y sindicales”, al excluir al personal del régimen de negociación colectiva.
Aunque el fallo no se pronuncia sobre la validez definitiva del decreto, Forns anticipó que la discusión sobre su eventual nulidad e inconstitucionalidad requerirá un análisis más profundo.
El cierre de Vialidad, una decisión polémica del Gobierno
El decreto 461/2025 fue publicado el 8 de julio y anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la eliminación del organismo señalando que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”.
Según el Gobierno, el plan contempla el cierre definitivo de Vialidad Nacional y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas a través de nuevos esquemas de gestión. Las funciones que hasta ahora cumplía el organismo se redistribuirán entre:
El Ejecutivo estima que el cierre del organismo, que contaba con más de 5.000 empleados, permitirá un ahorro anual de 100 millones de dólares. Sin embargo, los gremios denuncian despidos encubiertos y pérdida de capacidades técnicas.
Fuente: Perfil
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