El 29 de mayo, Día del Ejército, el presidente Mauricio Macri aseguró la continuidad de la política de recomponer los haberes militares, atrasados desde hace año respecto a lo que cobran las fuerzas de seguridad, y pese a las restricciones presupuestarias.

El viernes pasado, con el dólar rozando los $ 30, el comandante en jefe cambió su discurso, de manera contundente ante el teniente general Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor, y al ministro de Defensa, Oscar Aguad. “Sepan que son las fuerzas armadas de un país fundido”, sentenció.

Tras esa descorazonada metáfora, la Casa Rosada oficializó hoy la decisión de pisar un año más los haberes castrenses, lo que provocó la inmediata molestia de los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que se fueron al humo contra Bari Sosa, cuando pidió “hacerse responsables” de la situación.

Con una resolución conjunta entre Hacienda y Defensa, se definió congelar la actualización de haberes, que para buena parte del escalafón militar será por debajo del 15% y las tres cuotas que se acordaron con gremios estatales y los grandes sindicatos, pero que entró en fase de renegociación por quedar atrasado respecto a la inflación.

Las categorías más bajas (soldados, en su mayoría) recibirán una recomposición del 15%, pero los jefes superiores (de tenientes a generales, y sus equivalentes en cada arma) percibirán, en cambio, un ajuste menor, estimado entre el 5% y 8%, al que se añadirán en julio y agosto sumas fijas no remunerativas y no bonificables, por única vez, de entre $ 2000 y $ 4500.

Más aún, la peor noticia para ellos es la eliminación del “suplemento por responsabilidad jerárquica”, un plus significativo para los recibos de pago. Según estimaciones de las mismas fuerzas, las diferencias con los haberes de los gendarmes, por ejemplo, podrían ampliarse hasta alcanzar el 40%.

Los militares dejaron entrever que esta decisión preanuncia el regreso de los juicios previsionales, que el mismo Gobierno de Cambiemos se interesó por resolver. Pero también amenaza con una nueva migración de efectivos a fuerzas federales, o incluso a la misma Policía de la Ciudad.

Ayer por la mañana, Bari Sosa convocó a los generales, almirantes y brigadieres del Estado Mayor Conjunto para socializarles la responsabilidad, pero se encontró con el rechazo de la cúpula, que también le reprocha al Gobierno haber cortado todos los canales de comunicación con el ámbito castrense, a excepción de Aguad y Sosa.

Los mandos militares acumulan rencor con el Gobierno, y hasta amenazan incluso con renunciar masivamente en señal de protesta, y con broncas acumuladas: los ascensos demorados, la actualización precaria y tardía de haberes, la ausencia de novedades sustanciales en materia de reequipamiento, el vaciamiento del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), que casi no tiene crédito disponible, y los planes del ministro Aguad por reformular el funcionamiento de la obra social militar (Iosfa) y el gerenciamiento externo de los hospitales militares.

Fuente: El Cronista