Daniel G. Solar
Hace unas semanas atrás el gobernador Marcelo Orrego envió el Mensaje 000034 a la Cámara de Diputados de San Juan. Su objetivo es aprobar el Acta Compromiso firmada con Vicuña Argentina S.A. para unir dos minas gigantes, Josemaría y Filo del Sol. La polémica está en que el acuerdo le perdona a la empresa varias obras de protección ambiental a cambio de USD 250 millones.
En el apartado 6.3.2 del Acuerdo se establece que la minera deposita esa plata -llamada Aporte DIA Fijo- en un fideicomiso y se libera de hacer obras hídricas, plantar árboles y financiar proyectos para los vecinos. Es decir, cambiaron los controles y la prevención ambiental por un pago en efectivo. Sin embargo, la Ley Provincial 6571, de Evaluación de Impacto Ambiental, y la Ley Provincial 513-L, General del Ambiente, no autorizan al Estado a cobrar para perdonar obligaciones ecológicas.
Con esta maniobra financiera, Vicuña Argentina zafa de construir la obra hídrica del requerimiento 41, los programas para la comunidad de los puntos 82 a 84 y la reforestación del requerimiento 87 de la resolución 268-MM-2022. Esto violenta los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 513-L, que marcan una regla clara: "en cuidado del ambiente nunca se puede dar un paso atrás". Además, la responsabilidad del Estado de fiscalizar el territorio no se puede vender ni regalar en un contrato.
Los números tampoco coinciden. Las autorizaciones ambientales otorgadas por las resoluciones 268-MM-2022 y 188-MM-2026 del ministerio de Minería se dieron únicamente para Josemaría, fijando un tope de procesamiento de 175.000 toneladas de roca por día.
En cambio, en el Informe Técnico NI 43-101 sobre la Evaluación Económica Preliminar del Proyecto Vicuña Argentina y Chile, presentado en marzo de 2026 ante los Administradores de Valores Canadienses (CSA), la empresa promete armar un complejo unificado mucho mayor, preparado para moler 293.000 toneladas diarias. Ese documento presentado en Canadá proyecta cambios drásticos.
Planea construir cuatro piletas gigantes de barro con desechos químicos, a 4.500 msnm -que en minería llaman depósitos de colas-, con capacidad para 7.100 millones de toneladas. También incluye plataformas de lixiviación (piletas de mineral regadas con sustancias químicas para extraer el metal); plantas SART (Sulfidización, Acidificación, Reciclado y Espesamiento), que son instalaciones industriales usadas en minería para recuperar cianuro en soluciones que tienen cobre y plata; circuito Merrill-Crowe (método metalúrgico clásico de la industria minera utilizado para extraer y recuperar oro y plata a partir de soluciones cianuradas); hornos para recuperar mercurio, lavado con ácido y procesamiento de minerales cargados de arsénico.
Sobre éste último tema, el Informe Técnico NI 43-101, presentado ante los Administradores de Valores Canadienses (CSA), revela que el mineral de sulfuros de Filo del Sol (zonas H1 a H3) contiene "concentraciones severas de arsénico". Para comercializarlo, el proyecto requiere necesariamente "la construcción de una Planta de Tostación Parcial (Roaster) para procesar 1.300.000 toneladas/año de concentrado de arsénico elevadísimo" .
Ninguna de todas estas instalaciones peligrosas (que se ubican en las nacientes de los ríos y acuíferos cordilleranos) detalladas fue evaluada por los técnicos de la Comisión Interdisciplinaria ni presentada en audiencia pública ante los vecinos. Ni siquiera se les informó a los diputados provinciales, aunque el diputado Mario Herrero, presidente del Bloque San Juan Vuelve, en julio de 2025 envió una nota al ministro de Minería, Juan Pablo Perea, solicitando que se le remita la Resolución 268-MM de aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA). No obstante, el viernes pasado en una sala extremadamente pequeña, para evitar que la prensa esté presente, los cuatro ministros del gobierno de Orrego negaron ante los 36 diputados que alguien haya solicitado esa documentación. La falsedad de esas expresiones quedan en evidencia con el archivo que se adjunta.
Tampoco se cumple con lo prometido para la economía local. El punto 122 de la resolución 268-MM-2022 exigía que todos los caminos de ingreso a la mina se construyan en suelo sanjuanino para dejar trabajo e inversión en la zona. Sin embargo, el Informe NI 43-101 fija rutas que cruzan la frontera, salidas del mineral por el puerto de Copiapó en Chile y agua provista desde plantas desalinizadoras en el océano Pacífico.
El convenio también le otorga un blindaje legal gigantesco a la empresa. La cláusula 6.6 le prohíbe a la provincia aplicarle cualquier otra exigencia u obligación ambiental similar durante toda la vida útil de la mina en un radio de 75 kilómetros. De este modo, el Gobierno renuncia a su poder de control para amoldarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para mover el dinero se diseñó el Fideicomiso Aporte DIA VICUÑA en el Adjunto B. La provincia le entregó a este pozo financiero todos sus cobros y derechos ambientales. Con los dólares recibidos se pagan certificados de obra pública, mientras el banco cobrador descuenta una comisión del 0,45% más IVA. Todo este andamiaje saca los fondos del presupuesto ordinario y saltea los controles contables habituales del Estado. Y acá se hace necesario preguntarse ¿qué rol cumple el Tribunal de Cuenta de San Juan? ¿No es el organismo por Constitución que controla los dineros del erario público?
En los mercados internacionales, los fondos de inversión exigen estándares ambientales y de gobernanza muy estrictos. Saltearse evaluaciones de impacto, alterar cuencas de agua y no consultar a las comunidades daña la imagen institucional de San Juan y deja al proyecto sin respaldo social.
Para acelerar los tiempos, el Gobierno puso un plazo estricto de 60 días corridos para que la Legislatura apruebe todo aunque en un acto de sospechosa inmediatez decidieron que la reunión del viernes entre los 4 ministros con la totalidad de los diputados (reunión que no fue solicitada por los legisladores) decidieron increíblemente obviar las reuniones de las tres comisiones -habría que analizar qué dice al respecto el Reglamento Interno de la Legislatura- y convocar, con otra sospechosa premura, para éste miércoles a una sesión especial. Sin embargo, aprobar el acuerdo omitiendo los dictámenes técnicos previstos en el artículo 9 de la Ley 6571 abre la puerta a que la Justicia declare la nulidad absoluta del trámite, según lo indica el artículo 3 de esa misma ley, dejando el proyecto al borde de un extenso conflicto judicial.
