Alejandro Sánchez
Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, expuso ante la Cámara de Diputados en el marco del Informe de Gestión, donde abordó (sin muchas precisiones) las causas judiciales que lo tienen como protagonista y también aquellas que salpican al presidente Javier Milei. En su paso por el Congreso, el funcionario mantuvo una postura defensiva, con afirmaciones generales y escasa información concreta sobre los puntos más sensibles que lo involucran.
La frase más contundente llegó sobre el cierre de su intervención: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. Esta fue la única definición directa frente a un cúmulo de preguntas que, tanto en el recinto como en el informe escrito, quedaron en gran parte sin respuesta.
Desde el inicio, Adorni marcó un límite, aclaró que el objetivo del informe era dar cuenta de la gestión y no profundizar en expedientes judiciales, desviando completamente el foco público. Sin embargo, decidió referirse al tema para, según sus palabras, “demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente y que cree firmemente en la división de poderes”. En esa línea, pidió disculpas públicas al sostener que su conducta “debe ser siempre clara” y remarcó que se puso “a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”.
El caso del token $Libra, uno de los ejes más delicados, volvió a quedar envuelto en ambigüedades. Ante preguntas específicas (como el origen del contrato difundido por Milei que impulsó su cotización) Adorni evitó responder de forma directa. Para hacerlo, recurrió a dos argumentos que repitió en varias oportunidades: que la información está bajo la órbita del Poder Judicial y que muchas consultas se basan en “informaciones periodísticas” cuya veracidad no puede ser garantizada.
“No es procedente que el Poder Ejecutivo formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”, sostuvo, en relación a versiones surgidas de la causa. De esta manera, el funcionario evitó pronunciarse sobre datos sensibles, como supuestos acuerdos económicos detectados en la investigación.
El informe, de casi dos mil páginas, menciona el caso $Libra en reiteradas oportunidades, pero siempre remite a una misma respuesta general. Allí se afirma que no existen registros de acuerdos entre el Gobierno y los desarrolladores del token, y que las reuniones mantenidas por el Presidente figuran en registros oficiales. También se destaca la intervención de la Oficina Anticorrupción, que no encontró irregularidades.
