Daniel G. Solar
En un escenario de creciente efervescencia política y con el sector minero como telón de fondo, la provincia de San Juan asiste a un nuevo capítulo de confrontación institucional que promete derivar en los tribunales.
El senador nacional y exgobernador Sergio Uñac ha decidido romper el silencio de manera formal, enviando una carta notarial al actual ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. La misiva, fechada el 21 de abril de 2026, no es un simple descargo mediático; es una intimación legal que otorga un plazo perentorio de 48 horas para que el funcionario provincial ratifique o rectifique sus recientes declaraciones periodísticas, las cuales para el legislador son “una mezcla de malicia, ignorancia y desconexión con la realidad”.
El origen de esta disputa se remonta a una medida dictada por la Justicia de La Rioja, que ordenó suspender por treinta días el paso de vehículos por el camino de Guandacol hacia el proyecto Vicuña, un emprendimiento de cobre de escala mundial. Ante este bloqueo, que afecta directamente la logística del proyecto, el ministro Fernández no ahorró calificativos y apuntó directamente contra el arco político opositor de San Juan y la dirigencia vecina.
Según el funcionario, existe una conexión política deliberada entre el kirchnerismo local y el peronismo riojano para "poner palos en la rueda" al desarrollo minero. Fernández llegó a sugerir que este sector imagina que demorar el arranque de la actividad los beneficia electoralmente, bajo la premisa de que "capaz no quieren que arranque la minería, no vaya a ser que no puedan volver más".
Sin embargo, el ministro no limitó su artillería al campo de la política. En un giro que generó sorpresa en el sector empresarial, Fernández también cargó contra Vicuña Corp, la operadora del proyecto. El funcionario fue tajante al señalar que la compañía minera tiene su cuota de responsabilidad en este escenario de vulnerabilidad. "Hace rato que a Vicuña se le viene advirtiendo que acelere el camino por San Juan. Si ese camino estuviera en condiciones no necesitarían ir por La Rioja", sentenció el ministro, subrayando que la empresa se dejó quedar y ahora es "rehén" de conflictos externos por no haber priorizado la infraestructura logística dentro del territorio sanjuanino, específicamente por el departamento Iglesia.
Esta crítica frontal a una de las inversiones más prometedoras de la región marca un punto de inflexión en la relación histórica del gobierno provincial con las operadoras, tradicionalmente protegidas de cuestionamientos públicos directos de esta índole.
La reacción de Sergio Uñac no se hizo esperar. A través de la notificación notarial, el senador exige que Fernández acredite de forma fehaciente y con respaldo probatorio las supuestas acciones que él habría realizado para instar maniobras orientadas a frenar la minería. En la carta, Uñac utiliza párrafos de una dureza inusual para defender su gestión: "Esta medida, que sin lugar a dudas constituye un obstáculo para el desarrollo del Proyecto señalado y un desafío para el gobierno, en el marco de la Política de Estado que mantuvo durante más de veinte años el justicialismo, convirtiendo a San Juan en el primer destino de inversiones mineras de Latinoamérica de acuerdo con los informes del Instituto Fraser, lo condujo a usted a realizar una serie de declaraciones" que, según el texto, buscan un posicionamiento político personal a costa de la reputación ajena.
Uñac va más allá y pone el foco en la gravedad institucional que implica que un ministro en funciones utilice el aparato de prensa oficial para verter acusaciones que podrían escalar a una competencia federal. El texto de la intimación advierte que las expresiones de Fernández, al involucrar a otra provincia y sugerir conspiraciones de tinte partidario, podrían traer "más complicaciones para el desarrollo económico provincial que todos anhelamos".
El senador es explícito al advertir que, de no mediar una rectificación, iniciará acciones legales por calumnias e injurias, amparándose en el artículo 109 del Código Penal, y hace reserva de demandar por daños y perjuicios y daño moral, citando una extensa lista de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. "Indique con precisión y acompañe las pruebas pertinentes de la vinculación y accionar conjunto con el partido gobernante de La Rioja para impedir la actividad minera en la provincia", exige la carta entregada en el Centro Cívico.
El conflicto trasciende la frontera sanjuanina y se instala en la agenda nacional e internacional. El Proyecto Vicuña no es un emprendimiento más; es una de las piezas clave en el rompecabezas del cobre global, en un momento donde la transición energética demanda este mineral con urgencia. Las acusaciones de Fernández contra la empresa por no acelerar las obras en San Juan envían una señal de alerta a los mercados financieros y a los directorios de las multinacionales mineras. Si un ministro de una provincia históricamente "pro-minera" cuestiona la diligencia de una operadora y la responsabiliza de su propio bloqueo logístico, el clima de seguridad jurídica que San Juan ha ostentado durante años -especialmente bajo los estándares del Instituto Fraser citados por Uñac- podría verse seriamente erosionado.
Por otro lado, la dimensión diplomática entre provincias añade una capa de complejidad. Al atribuir la decisión de la justicia riojana a una trama política orquestada desde San Juan, se tensan las relaciones bilaterales en un bloque regional que debería actuar con cohesión para defender los intereses cordilleranos. Uñac lo expresa con claridad en su misiva al señalar la "irresponsabilidad" de confrontar con otra provincia invocando razones electorales, lo que podría derivar en una judicialización de alcance nacional.
La carta concluye recordando que la historia reciente de la minería en San Juan está "marcada por el desarrollo de clase mundial y un compromiso con la sustentabilidad", valores que el senador siente vulnerados por las "falsas imputaciones" del ministro.
El reloj de 48 horas ha comenzado a correr. La sociedad sanjuanina y el sector minero observan con atención si Fernández optará por la ratificación de sus dichos, profundizando la grieta con el principal referente de la oposición, o si buscará una salida elegante que evite una batalla judicial de proporciones inciertas. Lo que queda claro es que la minería, lejos de ser un tema técnico o estrictamente económico, se ha convertido una vez más en el campo de batalla donde se dirimen el poder, la herencia política y el futuro de las inversiones en el Cono Sur. La "política metiendo la cola", como el propio ministro admitió, parece haber abierto una caja de Pandora cuya resolución marcará el pulso institucional de San Juan en los años por venir.
