Francisco OtiñanoEl cronograma institucional de la provincia de San Juan se encamina hacia un hito clave en materia de servicios públicos. Según lo estipulado en los pliegos vigentes desde la década del noventa, el próximo 22 de julio de 2026 marcará el fin de un ciclo y el inicio de un nuevo periodo de gestión para la distribución eléctrica. En este escenario, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ha iniciado el proceso para un concurso público internacional que pondrá a la venta el 51% de las acciones de la actual prestadora, Naturgy San Juan S.A.
El Ingeniero Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, explica que este procedimiento no es una medida excepcional, sino una herramienta de transparencia prevista por ley para evaluar el mercado cada diez años. Para garantizar la pulcritud del proceso, se ha designado un veedor cuya tarea excede la fiscalización rutinaria de cortes o roturas de artefactos, adentrándose en la información financiera y comercial propietaria de la empresa. Según Ferrero, esta apertura de datos es vital porque “esa información es la que necesita un oferente para entender si quiere o no entrar al negocio”.
A pesar del movimiento corporativo que esto implica, el funcionario es tajante al llevar tranquilidad a los hogares sanjuaninos: “Para el usuario, para la persona usuaria, no cambia absolutamente nada”. Las obligaciones de inversión, los límites de calidad y las reglas de concesión permanecen inalterables, sin importar quién ostente la titularidad del paquete mayoritario. Incluso la actual controladora, de capitales españoles, participará mediante un sistema de sobre cerrado que le permite mantener su posición si su oferta supera a la de nuevos interesados.
Más allá de la ingeniería financiera, Ferrero destaca la solidez del sistema local, mencionando que la provincia cuenta con una red "muy potente" capaz de responder a cualquier demanda industrial o social inmediata. En este sentido, subrayó la importancia de herramientas como el PIEDE (Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Económico), un fondo que, pese a ser percibido como una carga tributaria, garantiza que cada peso recaudado se traduzca exclusivamente en estaciones transformadoras y líneas de alta tensión.
“A nadie le gusta pagar un impuesto, pero lo más importante es que si uno lo paga, se vean obras”, afirma Ferrero. El funcionario sostiene que esta garantía de que los fondos no se desvían a otros fines es lo que permite a San Juan mantener una calidad de abastecimiento superior, diferenciándose de otras jurisdicciones. Así, mientras el mercado financiero define quién manejará los hilos de la distribuidora hasta el año 2046, la estructura técnica del servicio busca blindarse como un activo estratégico para la provincia.
