Daiana Coria
A miles de kilómetros de su Santiago natal, Agostina Páez vive sus horas más oscuras en la soledad de un departamento en Brasil. La joven abogada, que hoy se encuentra confinada bajo arresto domiciliario y sujeta a una tobillera electrónica, marca el ritmo de una espera agónica: el inicio de su juicio, previsto para el próximo 24 de marzo.
Patricia Martínez, tía de Agostina y quien ha asumido un rol materno tras el fallecimiento de la madre de la joven hace ocho años, rompió el silencio para exponer lo que define como un calvario. En una entrevista cargada de una profunda angustia, Martínez describió una situación que excede lo jurídico para entrar en el terreno de un hostigamiento que temen sea letal.
Una reacción defensiva ante el encierro. La causa penal que pesa sobre Páez es por injuria racial, un delito que en el país vecino ha tomado una relevancia pública extrema en los últimos años. Sin embargo, la defensa y la familia sostienen que la información ha sido sesgada y que se ha creado una imagen negativa de la joven omitiendo el contexto de lo que realmente sucedió aquella noche en un local gastronómico.
Según el relato de Martínez, Agostina se sintió acorralada en un país extraño, rodeada por hombres que le impedían la salida. "Se sintieron tres chicas con más de diez hombres gigantes, tipo patovicas, que no las dejaban salir hasta que no pagaran la cuenta", explicó la tía. Bajo esa presión, Martínez asegura que el polémico gesto de su sobrina fue, en realidad, un acto de preservación: "Ha sido un gesto de supervivencia porque algo que estaba viviendo con un estrés y una amenaza, su cuerpo respondió desde ese lugar". Para la familia, no hubo intención de herir, sino una reacción automática ante el peligro.
La inertidumbre devora a la familia Páez en Argentina. Aunque la audiencia de formalización será a fines de marzo, ya circulan versiones sobre posibles penas que resultan aterradoras: se habla de condenas de hasta 15 años de prisión. "Nos parece excesivo y desproporcionado", lamenta Martínez, comparando la dureza del sistema brasileño con la supuesta impunidad que encuentran los ciudadanos de ese país cuando cometen faltas en suelo argentino.
El caso de Agostina parece haber sido tomado como un castigo ejemplar. La tía denuncia, además, que la imagen de la joven fue utilizada por la policía brasileña en publicidades oficiales, lo que consideran una exposición escandalosa que roza lo personal y que pone en riesgo su seguridad.
Lo que más quita el sueño a la familia no es solo el Código Penal, sino las amenazas de muerte que Agostina recibe constantemente. Martínez reveló que han tomado conocimiento de mensajes provenientes de comandos criminales peligrosos, dejando a la abogada en un estado de desprotección absoluta. "Realmente tememos por la integridad física de ella", confesó con una resignación dolorosa, apelando a la protección divina ante la falta de garantías en el extranjero.
A este drama se suma un factor asfixiante: la economía. Patricia, trabajadora de la salud, y el padre de Agostina son el único sostén de la joven, pero los recursos se agotan en un contexto de crisis. Mantener un alquiler en Brasil, costear la alimentación y los gastos del proceso judicial sin que ella pueda trabajar es una carga casi insostenible. El consulado argentino, según la familia, tiene un margen de acción muy limitado por los condicionamientos propios del estado.
Acompañada profesionalmente por la doctora Carla Junqueira, Agostina aguarda la decisión de un juez que la familia espera sea imparcial y se ajuste a las pruebas de los videos completos. El 24 de marzo no será solo una fecha técnica en el calendario judicial; será el día en que se empiece a definir si una joven argentina puede recuperar su libertad o si quedará atrapada definitivamente en un proceso que su entorno califica como una injusticia desmedida.
