Daiana Coria
En una entrevista con Elementos FM, Roberto Correa Esbry analizó los puntos centrales del nuevo proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional, un texto de más de 200 artículos que, según afirmó, constituye “una ley base 2” y que introduce cambios profundos en la estructura jurídica del trabajo en Argentina.
El especialista explicó que el proyecto ingresó por el Senado y que detrás de ese movimiento hay una estrategia política orientada a presionar a los gobernadores para lograr la media sanción. Recordó, citando las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, que “a las provincias que no aprueben la reforma laboral no se le van a enviar fondos”, lo que calificó como “una conducta totalmente extorsiva”.
Al describir el contenido, Correa Esbrí señaló que la reforma altera pilares históricos: “Modifican leyes emblemáticas del derecho del trabajo”, dijo, para luego subrayar que el espíritu general apunta a “flexibilizar las relaciones laborales, hacerlas más fáciles para despedir y para obligar a los trabajadores a trabajar más jornadas”. Incluso advirtió que la normativa “afecta el derecho de huelga y la negociación colectiva”.
Uno de los ejes que más preocupación genera es el nuevo esquema de indemnizaciones. El abogado detalló que se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), similar al sistema de la construcción, financiado en parte con contribuciones patronales: “Va a reemplazar un poquito el régimen de las indemnizaciones”, explicó.
También cuestionó la reforma a la jornada laboral, que incorpora el denominado banco de horas. “La posibilidad de trabajar 12 horas un día y otro día 4”, dijo, advirtiendo que este mecanismo “impide pagar horas extras”, ya que la patronal podrá compensarlas dentro de la misma semana. Ante la consulta periodística, fue contundente: “El empleador, por supuesto” será quien decida la modalidad.
Además, confirmó que la ley excluye a repartidores de plataformas como Rappi y PedidosYa del régimen laboral clásico: “Los excluye de la ley de contrato de trabajo”, afirmó, aunque con un régimen especial propio.
Finalmente, el abogado denunció una “lista negra” y actos de persecución contra trabajadores estatales autoconvocados, entre ellos Sonia Espejo, a quien —según relató— “la han trasladado al obrador... sin ningún tipo de argumento”, medida que consideró “inhumana” y constitutiva de “abuso de autoridad”.
