Daiana Coria
En medio de audiencias y reuniones con cámaras empresarias, el secretario general de la UATRE San Juan, Miguel Ángel Agüero, trazó un panorama inquietante sobre la situación laboral en el agro provincial. Desde la sede del sindicato, contó que iniciaba la jornada “terminando de analizar un expediente” antes de presentarse a una audiencia con una empresa de Pocito, lo que anticipa la intensidad de los conflictos que enfrentan.
Aunque San Juan se prepara para definir valores salariales para la próxima cosecha olivícola, Agüero remarcó que el problema más grave hoy no es solo la discusión económica, sino la profunda informalidad que atraviesa al sector. Señaló que el sindicato recorre fincas para controlar transporte, vivienda y pago, pero que aun así se encuentran con un escenario dominado por la precariedad.
El dirigente fue categórico: “Hoy la provincia de San Juan tiene un gran número de trabajadores no registrados en la horticultura, que están sonando el 90% del trabajador que desarrolla tareas en la cosecha del ajo, la cebolla”. Ese nivel de informalidad, explicó, no se limita a esos cultivos: también comenzó a observarse en la cosecha de uva de mesa, damasco y durazno. Los departamentos de Pocito, 9 de Julio y Ausecha concentran parte importante de esas prácticas, fuertemente arraigadas desde hace décadas.
Agüero describió un tipo de productor que se resiste de manera activa a cualquier fiscalización: En sus palabras, existe “un nicho de productores muy agresivos. No se dejan fiscalizar, tienen a los trabajadores de rehén, donde tratan de pagar lo menos posible e incumplir todas las resoluciones posibles”.
Las irregularidades se extienden incluso al traslado de los trabajadores. Como ejemplo reciente, relató: “Recién venía por la ruta 40, sobre la misma ruta venía un camión transportando trabajadores que vienen a la cosecha”, en condiciones que consideró inaceptables.
Frente a la afirmación empresaria de que “no hay gente dispuesta a trabajar”, Agüero rechazó esa explicación. “La gente sale a trabajar. Que ellos no declaren es otro tema”, afirmó, recordando que la normativa actual permite compatibilizar planes sociales con actividad agraria. Para el dirigente, el verdadero problema es la falta de empleo registrado y la decisión de ciertos empleadores de operar por fuera de la ley.
