Adorni habría gastado más de 245.000 USD en refaccionar su casa

La investigación judicial que rodea a Manuel Adorni suma nuevos elementos que profundizan las dudas sobre su patrimonio. En el centro de la escena aparece su vivienda en el country Indio Cuá, donde una serie de refacciones de alto costo encendieron las alarmas y hoy forman parte de una causa por enriquecimiento ilícito.

El contratista Matías Tabar, vinculado al grupo Alta Arquitectura, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo para llevar adelante las obras en la propiedad. Pero no se trató solo de una afirmación, el empresario aportó documentación que incluye contratos, presupuestos y facturas, lo que le da peso a su testimonio dentro del expediente.

Según detalló, los trabajos se extendieron durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, sobre un lote de 400 metros cuadrados. Las reformas no fueron menores. Incluyeron la construcción de un quincho, una pileta con cascada, renovación de pisos y paredes, y la incorporación de equipamiento de alto nivel.

Entre los gastos que más llamaron la atención aparece una parrilla de lujo valuada en unos 15.000 dólares, un símbolo del tipo de mejoras realizadas. El conjunto de la obra, sin embargo, va mucho más allá de ese detalle: el monto total declarado por el contratista supera ampliamente el valor que el propio Adorni habría pagado originalmente por la vivienda, estimado en poco más de 120.000 dólares.

Esa desproporción es, justamente, el eje de la investigación. La Justicia busca determinar si existe una diferencia injustificada entre los ingresos del funcionario y el nivel de inversión realizado en su propiedad. El uso de dinero en efectivo, además, agrega un elemento de opacidad que complica aún más su situación.

El caso no solo avanza en el plano judicial, sino que también genera impacto político. En un contexto de alta sensibilidad pública frente a los privilegios y el manejo de fondos, los detalles que se conocen refuerzan las sospechas y erosionan la imagen de uno de los voceros más visibles del gobierno.

Por ahora, las explicaciones no alcanzan para disipar las dudas. Y mientras la causa avanza, la casa en el country dejó de ser un dato privado para convertirse en una pieza clave de un expediente que podría tener consecuencias mayores.