Daiana Coria
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de la capital de Catamarca desató críticas y cuestionamientos. La iniciativa, impulsada por el concejal Diego Figueroa, propone impedir que vendedores ambulantes o personas que pidan limosna ingresen a bares y restaurantes para ofrecer productos o solicitar ayuda a los clientes.
La propuesta fue duramente criticada por dirigentes sociales y políticos, quienes consideran que la medida apunta a ocultar la pobreza en lugar de atender sus causas.
El jefe de redacción del diario El Ancasti, Marcelo Gallo, señaló que el proyecto “ha caído muy mal en todos lados” y sostuvo que refleja una visión sobre los sectores vulnerables.
“Es un proyecto que busca plasmar institucionalmente la mirada que tiene La Libertad Avanza sobre los sectores más vulnerables. En vez de buscar soluciones para mejorarles la vida, intenta impedir que puedan vender algo para llevar el sustento a su casa o incluso pedir ayuda”, expresó.
La iniciativa también fue cuestionada por organizaciones sociales como el Polo Obrero, que emitió un duro comunicado en contra del proyecto. En la misma línea, el presidente del Concejo Deliberante de Catamarca, Francisco Sosa, consideró que la propuesta intenta “esconder la pobreza debajo de la alfombra”.
Según los críticos, la ordenanza apunta a las consecuencias de la crisis económica sin abordar las causas. En ese sentido, remarcan que el crecimiento de la venta ambulante responde al aumento de la pobreza y la pérdida de empleo, un fenómeno que se replica en varias provincias del país.
“En vez de atacar las causas o buscar paliativos, lo que buscan es perjudicar a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad”, señaló Gallo.
En Catamarca, la presencia de vendedores ambulantes es una realidad histórica, especialmente en zonas turísticas y céntricas como los alrededores de la plaza principal y el santuario de la Virgen del Valle. Sin embargo, en los últimos años el fenómeno se intensificó debido a la caída de la actividad económica y el cierre de empresas.
“Han cerrado fábricas, sobre todo textiles, y muchos comercios. Personas que tenían trabajo formal o informal hoy no lo tienen, y terminan recurriendo a la venta ambulante para subsistir”, explicó el periodista.
Además, cuestionó que el proyecto no contemple alternativas, como la creación de espacios o ferias para los trabajadores informales.
Otro de los puntos señalados por los críticos es que los locales gastronómicos ya cuentan con herramientas legales para resolver este tipo de situaciones, como el derecho de admisión. “Los dueños de los locales pueden retirar a una persona si consideran que está interfiriendo o molestando. No hace falta una ordenanza que obligue a los comerciantes a asumir ese rol”, indicó Gallo.
Según advirtió, la iniciativa también podría generar sanciones para los propios comerciantes si no cumplen con la disposición, lo que los convertiría en una especie de “vigilantes”.
Figueroa es concejal de la capital catamarqueña y anteriormente fue diputado provincial y presidente del PRO en la provincia. En el último tiempo se integró al espacio de La Libertad Avanza.
El dirigente ya había protagonizado polémicas anteriormente. Entre ellas, cuando presentó un proyecto para declarar ciudadano ilustre al empresario Edgar Bacchiani, acusado de liderar una estafa piramidal millonaria y actualmente detenido.
Mientras tanto, el debate en torno a la ordenanza continúa abierto y se espera que el propio concejal brinde su explicación pública sobre los fundamentos de la iniciativa.
