Daiana Coria
El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA), Adolfo Ibazeta, se refirió a la inminente transformación del departamento ante el avance de los grandes proyectos mineros y planteó que el desafío principal será garantizar que ese crecimiento deje beneficios reales para la economía local. En ese marco, recordó la magnitud del movimiento económico que se avecina, señalando que las proyecciones ubican a San Juan —y especialmente a Calingasta— como el eje del nuevo ciclo minero. Sobre esto, insistió en que “de 130.000 millones de dólares de inversión en todo el país, San Juan se va a llevar el 80%, y de ese 80%, Calingasta se va a llevar el 80%”.
Luego de una extensa reunión mantenida con los ministros de Producción y Minería, Ibaceta explicó que el proyecto de ley de contratación y desarrollo local avanza con un alto nivel de acuerdo, aunque aclaró que todavía hay aspectos sensibles por resolver. Relató que la redacción del texto está prácticamente consensuada —estimó que en un 95%— y que uno de los puntos más novedosos es la incorporación de un indicador que exige a las empresas evaluar el impacto comunitario de sus operaciones. Según detalló, esa dimensión tendrá el mismo peso que los criterios técnicos, económicos y de seguridad, lo que implica que la mano de obra local, los proveedores calingastinos y las compras dentro del departamento formarán parte obligatoria de las licitaciones. Al respecto, remarcó que quienes no cumplan con esos compromisos asumirán un riesgo concreto: “Si no cumplen lo que prometen, el contrato se cae”.
Sin embargo, el dirigente reclamó mayor participación de las operadoras mineras en la discusión del proyecto. Comentó que la ausencia de estas empresas en la reunión resultó un llamado de atención para el sector y la consideró una señal preocupante. Expresó su malestar con claridad al afirmar: “Lamento muchísimo esto… el interlocutor nuestro tendría que ser el gobierno y las operadoras”. En su visión, la falta de involucramiento podría anticipar un escenario en el que las compañías pretendan posicionarse por encima de la normativa provincial, escudándose en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Según advirtió, existe el riesgo de que las firmas argumenten que deben regirse solamente por la ley nacional, lo que podría generar tensiones y desigualdades.
Ibaceta también profundizó en la controversia jurídica entre la legislación provincial y el RIGI. Recordó que, por mandato constitucional, los recursos naturales están bajo la órbita de las provincias, por lo que planteó la discusión sobre cuál debe considerarse la norma superior en materia minera. Aunque reconoció la complejidad del escenario, afirmó que, aun con la vigencia del régimen nacional, “la ley provincial va a tener vigencia”.
En otro tramo de la entrevista, el dirigente analizó el debate sobre la exigencia de dos años de antigüedad para que un proveedor sea considerado local. Muchos empresarios manifestaron que esa condición podría afectar la libertad de comercio, pero Ibaceta relativizó ese planteo y lo reinterpretó: explicó que la ley no impide la actividad de nadie, sino que otorga incentivos a quienes tributan y están efectivamente radicados en la comunidad. También admitió que la norma podría desatar reclamos judiciales, aunque consideró que ese riesgo forma parte del proceso.
Además, alertó sobre la presencia creciente de empresas chilenas que ingresan al país amparadas por el tratado binacional. Sostuvo que muchas de ellas operan sin controles equivalentes a los que deben cumplir las firmas locales y que, en numerosas ocasiones, “ni sabemos quiénes son” y no dejan aportes impositivos en la región, lo que calificó como una competencia desleal.
