Las empresas que operan en el mercado de la medicina privada aseguran que no pueden pagar el bono de $ 5.000 y solicitaron una reunión urgente para abordar el tema con el gobierno y el gremio sectorial bajo amenaza de suspensiones, despidos de personal e incluso cierres de firmas.
Aunque en lo que va del año aumentaron el servicio un 30,5% al que sumarán un 8% entre octubre y noviembre, las clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento, geriátricos y psiquiátricos a nivel nacional se quejaron formalmente a las autoridades.
De hecho, los aumentos de las prepagas estuvieron entre los más altos de la inflación de agosto junto con los precios de los alimentos y de los medicamentos. No obstante, las empresas presentaron un documento lamentando la “delicada problemática estructural de salud en materia económica, impositiva y fiscal, ‘a nivel sectorial con alcance nacional’, que arrastra su caída desde la crisis de 2018 y se agudizó aún más con la devaluación e inflación post PASO”.
El comunicado que enviaron al Ministerio de Producción y Trabajo agrega que “sin desconocer la necesidad de los trabajadores por recomponer lo que perdieron de sus bolsillos” no podrán cumplir con el instrumento que lanzó el gobierno nacional con la intención de reavivar el consumo en el marco de la campaña electoral. En esa línea advirtieron que “está hasta en duda el cumplimiento de los salarios pactados por convenio”.
Las compañías del sector pidieron una reunión para negociar con el gobierno y la contraparte gremial, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA). “De no atenderse esta problemática en muy breve lapso –presionaron- nuestras empresas se verán involucradas en situaciones no deseadas: reformulación de las condiciones de trabajo y salariales, suspensión de personal, despidos y cierres”.
Al cierre de esta nota la cartera de Producción todavía no había confirmado ninguna reunión, informó Miguel Blanco, director de la prepaga Swiss Medical. “Más allá de la legitimidad del reclamo por el deterior del poder adquisitivo de la gente, el bono es impagable en la situación actual del sector salud. Y esto es aplicable a todas las actividades que incluye” planteó el también coordinador del Foro de Convergencia Empresarial.
En el sector privado remarcan que se había firmado la paritaria sectorial con un aumento del 32% y cláusula de revisión en febrero, pero inmediatamente después de la firma sobrevino la crisis posterior a las elecciones primarias. Además dijeron que “las cuentas entre los prestadores médicos están totalmente desestructuradas, con tendencia muy negativa, y muchos están entrando en cesación de pagos”.
El documento lleva las firmas de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) además de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA), la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG) y la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (CACEP).
En la carta que recibió el ministerio a cargo de Dante Sica argumentaron también que el sector afronta una inflación de costos “superior a la inflación general” que hace que las recomposiciones salariales impacten directamente en el 74% de los costos de recursos humanos y las devaluaciones “al 26% del gasto restante en insumos e inversiones con un alto componente importado, con el atraso en la cadena de pagos como agravante”.
Fuente: Tiempo Argentino
