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title: "Vicuña paga U$S 250 millones, pero la DIA que Orrego da por cerrada no cubre todo el megaproyecto"
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description: "El acuerdo firmado por la provincia de San Juan y la minera busca poner punto final a la controversia ambiental, y eso pesa directamente sobre la pelea por la línea de 500 kV que necesita el proyecto."
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date_published: "2026-08-08T04:18:00-03:00"
date_modified: "2026-08-08T05:41:47-03:00"
tags:
  - "Filo del Sol"
  - "Josemaria"
  - "Marcelo Orrego"
  - "San Juan"
  - "Vicuña"
author_name: "Daniel G. Solar"
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# Vicuña paga U$S 250 millones, pero la DIA que Orrego da por cerrada no cubre todo el megaproyecto

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**Orrego firma con la empresa Vicuña Argentina el convenio por los 250 millones de dolares**

El gobernador Marcelo Orrego envió a la Legislatura un pacto con la empresa Vicuña Argentina -la sociedad que integran BHP y Lundin Mining- por el cual la minera pone sobre la mesa 250 millones de dólares. A cambio, **el gobierno provincial da por zanjada una pelea administrativa que venía desde 2022 por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Josemaría**. El objetivo declarado: dar certeza jurídica a la iniciativa y destrabar el capítulo eléctrico que todavía tiene la soga al cuello.

El acuerdo se firmó el 5 de agosto y se instrumentó por decreto. Ahí, la empresa se compromete a desistir de los recursos que presentó contra dos exigencias de la DIA: **el requerimiento 121 y el punto 64 de una actualización aprobada este año.** Esos requisitos le pedían **obras hidráulicas, planes de reforestación y aportes a comunidades**.

Con el dinero sobre la mesa, la provincia cancela todas esas obligaciones por cinco años. A partir del sexto, se suma un aporte del 1,5% sobre las ventas brutas. Las regalías, en tanto, quedan fijas en el 3% por toda la vida útil de la mina. Ese dinero se manejará por medio de un fideicomiso, a cargo del Banco de San Juan y con control mixto, y se usará en obras públicas. Pero hay detalles que levantan polvo.

La DIA que se discute fue aprobada en abril de 2022 para el yacimiento Josemaría, en una escala menor a la que se proyecta hoy. **No cubre la expansión hacia Filo del Sol ni la unión de ambos emprendimientos bajo una sola estructura**. El **Informe Técnico NI 43-101** sobre la Evaluación Económica Preliminar del Proyecto Vicuña Argentina y Chile, presentado ante la **Asociación Canadiense de Administradores de Valores (CSA)** en marzo de 2026 lo dice claro: los estudios ambientales para el proyecto integrado todavía se están elaborando. **Falta una DIA unificada**. Es decir, lo que el gobierno dice "cerrar" no es la documentación que necesita el megaproyecto tal como se piensa hoy.

![34_-Informe-Técnico-30-de-marzo-de-2026_p1-140-1](/download/multimedia.normal.be9304eca1f2552a.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

**Informe Técnico NI 43-101 Evaluación Económica Preliminar de Vicuña Argentina y Chile, presentado ante la Asociación Canadiense de Administradores de Valores**

Hay más. **La Ley Bases 27.742 elevó el tope de regalías provinciales del 3% al 5% para proyectos que no habían empezado construcción**. Sin embargo, el pacto le garantiza a la minera **el 3% por cincuenta años**, por debajo del límite legal nuevo.**La propia Vicuña reconoció ese dato ante los Administradores Canadienses de Valores**, meses antes de firmar.

Surgen entonces preguntas que nadie respondió todavía: ***¿la Cámara de Diputados de San Juan perdió la potestad de sanción de las leyes que fijan, modifican o regulan las alícuotas y el destino de las regalías mineras?*** ¿ingresó algún proyecto de ley para transferir al Ejecutivo el poder de negociar con Vicuña la alícuota del 3% por 50 años? ¿El tratamiento legislativo volverá a ser sobre Tablas para eludir la discusión en las comisiones? Si no hay ***“letra chica”***, como dijo Achem, ***¿porqué el Ejecutivo decidió sobre un tema que si o si debe reglamentar la Legislatura?***

**El pacto tampoco resuelve todo lo que tiene que ver con la electricidad**. El proyecto necesita **260 megavatios en una primera etapa**, y hasta **738** cuando esté completo. Para eso hay que construir una línea de 500 kV entre Rodeo y Chaparro. El ente nacional que regula la energía le dio a la empresa la prioridad sobre esa infraestructura **apenas diez días antes** de que se firmara el acuerdo. **El convenio con la provincia no menciona esa línea ni una sola vez.** Son dos caminos separados, aunque los tiempos parezcan coincidir.

Desde el punto de vista legal, hay normas que no se pueden cambiar con una firma. La**Ley General del Ambiente** y la **Ley de Protección de Glaciares** son de orden público. **Ningún acuerdo entre un gobierno y una empresa puede saltarse los pasos obligatorios de una evaluación de impacto ambiental**. El gobernador, además, **no es la autoridad técnica**que debe aprobar esas declaraciones. La ley provincial marca un camino que no se puede saltear: **estudio, informe del organismo ambiental, consulta pública, dictamen jurídico y resolución final**. Un arreglo político no reemplaza ese trámite.

Tampoco desaparecen las responsabilidades. Si se avanzara sin la documentación completa, **los funcionarios podrían enfrentar cargos**. Hay artículos del Código Penal y de leyes ambientales que **prevén penas para quien autorice obras saltándose las normas.** La Legislatura, por su parte, tiene la facultad de **interpelar y hasta juicio político al gobernador** si se comprueba que se arrogó funciones que no le corresponden.

Lo que falta resolver no es poco. **El informe ambiental unificado que todavía no existe** tendrá que analizar **el agua para toda la vida de la mina**, el impacto sobre zonas cercanas a glaciares, **el manejo de residuos con arsénico** y los efectos de infraestructura que corre por dos países. **Nada de eso se soluciona con un cheque de 250 millones de dólares**. El dinero puede ayudar a obras públicas. Pero no puede sustituir un estudio serio. **Ni puede borrar preguntas que, por ahora, siguen sin respuesta**.

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